sábado, 17 de febrero de 2007

Libertad de prensa de baja intensidad ♦ Por Alfredo Leuco Para LA NACION ♦


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♦ Sábado 14 de octubre de 2006

Libertad de prensa de baja intensidad

Por Alfredo Leuco Para LA NACION



Este es el momento de menor libertad de prensa en la Argentina desde 1983. Practico profesionalmente y en forma cotidiana el periodismo y el análisis político desde ese año de la recuperación democrática tanto en la prensa audiovisual como en la gráfica. Mi propia experiencia y los comentarios de mis pares me llevan a esta grave conclusión para la salud republicana, cuya responsabilidad le cabe al presidente Néstor Kirchner. Pero no solo a él. Se puede ensayar una larga y triste lista de motivos, donde se mezclan algunos que vienen desde lejos y que este gobierno heredó sin intentar resolverlos, y otros mecanismos que Kirchner utiliza con feroz eficiencia y sin ninguna culpa, tal como ejerce el poder. Siempre que me preguntan, después de alguna charla o mesa redonda, si existe libertad de prensa en la Argentina, hago el mismo chiste malo pero ilustrativo. Miro el reloj de mi muñeca y digo: “A esta hora… sí”. Es que el monto y la calidad de la libertad de prensa se juega minuto a minuto en la lucha entre el poder (todos los poderes) que trata de ocultar y encubrir aquello que los periodistas debemos revelar y descubrir. Del resultado de esa tensión permanente y necesaria surge el tipo de libertad de prensa que tiene un país. La Argentina, a esta hora, tiene libertad de prensa. De hecho, tiene la suficiente libertad para permitir que yo, por ejemplo, pueda denunciar que actualmente es de baja intensidad. La más baja desde que enterramos a la dictadura militar. La libertad es el principal insumo del periodismo. Es la condición necesaria. Sólo después viene la noticia como eslabón de la cadena mediática. Es un lugar común, pero realmente veraz, decir en las facultades de ciencias de la información que con libertad es posible practicar un periodismo bueno, malo o regular. Pero que sin libertad, sólo es posible la propaganda. Es que se lesiona el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y a tener la máxima variedad de opiniones para tomar todas sus decisiones con la mayor madurez cívica posible. Sin la pretenciosa intención de agotarlas, puede ser de utilidad conocer cuáles son esas razones que me llevan a afirmar que éste es el momento de menor libertad de prensa desde 1983: 1) Agresiones de hecho. Son las más graves y peligrosas para la integridad física de los periodistas. Van desde las palizas que recibieron periodistas locales en Quilmes y en otras ciudades del interior hasta la permanente hostilidad del presidente Kirchner, con sus cachetazos verbales, que tienen destinatarios con nombre y apellido. Esa actitud desde la cima del poder genera un terreno fértil para que cualquier fanático que quiera perjudicar o beneficiar a Kirchner amenace a los destinatarios de la ira presidencial por cualquier vía o intente pasar a mayores. Estas diatribas personalizadas se proclaman con lenguaje inflamado ante un auditorio adicto que no tiene más remedio que aplaudir con verticalismo, subordinación y valor. Si encima las palabras del jefe del Estado son mentiras o vienen “flojas de papeles”, como en el reciente caso de Joaquín Morales Solá, el daño resulta mayor todavía. No es un dato menor que Morales Solá recibió amenazas al día siguiente de que el Presidente leyera en Casa de Gobierno una nota elogiosa hacia Videla que atribuyó falsamente al periodista. El Presidente debería reflexionar sobre la brutal desproporción que existe entre las palabras de un jefe de Estado y las de un periodista, por más prestigioso que éste sea. Y sobre el posible efecto de incitación a la violencia que en algunos talibanes del piqueterismo oficial puede generar. Si el Presidente fustiga a una empresa petrolera y casi en forma simultánea los piqueteros rodean las estaciones de servicio mediante una acción directa ¿quién puede asegurar que, en el caso de un periodista o un diario, no ocurra lo mismo? 2) El poder de la billetera arbitraria. Desde Santa Cruz se viene practicando con mucho éxito el mecanismo antirrepublicano de premiar a los periodistas y/o medios amigos y/o dóciles, y castigar a los que no se dejan domesticar y que, por lo tanto, son considerados enemigos. En los extremos caricaturescos están, por un lado, la revista Noticias, que no recibe un solo peso en publicidad oficial, y por el otro, el afortunado empresario (y ex chofer de Kirchner) Rudy Ulloa Igor, cuyo grupo de medios de Santa Cruz, según se desprende de la minuciosa investigación realizada por la periodista María O’Donnell, pasó de facturar al Estado 29.500 pesos en el año 2003 a 500.000 pesos en 2005, cifra que –de mantener la tendencia– duplicaría en el corriente año. Entre Noticias y el diario y el canal televisivo de Rudy Ulloa hay una impresionante variedad de matices que se miden en cantidad de spots o de centimetraje, y en la increíble disparidad para cotizarlos según se le venga en gana a los responsables de esa distribución asimética y carente de toda lógica profesional. Estos instrumentos también son usados y abusados por gobernadores e intendentes, en provincias y localidades donde los avisos del Estado suelen ser de vida o muerte para pequeños medios. 3) Privados de publicidad. El chiste habla de barrios privados. Sí, privados de luz, privados de gas, etc. La realidad habla de un límite que ningún otro gobierno se había atrevido a cruzar. En esto, a nivel nacional, Kirchner debe ser un pionero. Se trata de la presión gubernamental que se ejerce sobre algunos anunciantes privados para que no auspicien a tal o cual periodista o programa o medio. Se puede asegurar que por lo menos dos importantes empresas (una petrolera y otra telefónica) sufrieron ese mecanismo desmesurado aunque sólo una de ellas cedió. 4) Licencia para informar. La prórroga de las licencias para radio y televisión y el otorgamiento de algunos permisos nuevos (y otras que están en marcha) sin la conveniente transparencia y tiempo para el debate social y parlamentario. Estamos hablando de favores o disfavores que se traducen en montos multimillonarios y en un achicamiento importante de los espacios que tienen esos medios para manejarse con autonomía frente a humores del poder político. 5) A los enemigos, ni noticias. La información es un bien público y colectivo. No puede ser utilizada como botín de guerra entre los medios obsecuentes y los consecuentes. No resiste el menor análisis que, desde la Presidencia, se determine qué periodista debe ingresar o no a la Casa de Gobierno y su sala de prensa, o al avión presidencial. 6) De conferencia de prensa, ni hablar. En casi todo el planeta las máximas autoridades deben someterse a las preguntas sorpresivas de los periodistas de todos los medios. Y, sobre todo, a las repreguntas. Es una de las formas más transparentes y directas que tienen los ciudadanos para conocer más a fondo a sus gobernantes. Hasta ahora, Kirchner se negó siempre a ese ámbito de las conferencias de prensa y –más grave todavía– evitó que presidentes de otros países la dieran en su presencia para no quedar tan en evidencia. 7) Amigos son los amigos. Esa palabra presidencial negada (que también debería ser patrimonio de todos los argentinos) se expresa muy de vez en cuando y ante reportajes que, por lo general (no en todos los casos), son realizados por periodistas o medios que por convicción ideológica, conveniencia económica o una mixtura de ambas, están predispuestos a potenciar los logros del Gobierno y a minimizar sus asignaturas pendientes. Hay ejemplos notables de autodenominados periodistas que arrojan alfombras rojas para que el Presidente se luzca arrojando gacetillas verbales. 8) Atendido por sus propios dueños. Llamar a un periodista para rectificar una información o para criticar su punto de vista es razonable si no se convierte en una metodología asfixiante. Pero comunicarse con los dueños de los medios para que castiguen a los audaces cronistas que se atrevieron a opinar diferente es un sablazo autoritario casi sin antecedentes en democracia. Un diario de información económica de Buenos Aires enfrentó asambleas de sus trabajadores que se quejan –incluso– ante el Ministerio de Trabajo porque una periodista fue sancionada por haber escrito que Douglas Tomkins se iría del país por falta de seguridad jurídica. Eso disparó los temibles telefonazos de Estado. La otra modalidad, que también necesita la complicidad de los dueños de los medios, es que, en un abrir y cerrar de ojos, aparecen en los primeros lugares de algunas pantallas periodistas sin ninguna trayectoria nacional, nacidos en Santa Cruz o en Córdoba –por poner sólo dos ejemplos– que tienen como padrinos a poderosos ministros y/o novios. 9) El Estado es mío, mío. Como la Ferrari para Menem, los actuales gobernantes consideran que los medios del Estado son del Gobierno o directamente del Frente para la Victoria, y dejan afuera a periodistas independientes como Pepe Eliaschev y Victor Hugo Morales, y no permiten que se escuche una sola voz (una, aunque sea) que exprese un pensamiento distinto y pluralista frente a tanto discurso único. 10) La fuente de los servicios. Otra inquietante novedad, que todavía está en ciernes: la utilización de la SIDE como productora de contenidos periodísticos para perjudicar a opositores. Este mecanismo, también llamado “operaciones de prensa”, ya se puso en marcha en por lo menos tres ocasiones muy burdas. La que más repercusión consiguió fue la revelación de que el diputado lavagnista Juan José Alvarez había trabajado en la tenebrosa SIDE durante la dictadura, recomendado por el general Albano Harguideguy. Información que –como era cierta– cualquier periodista debía publicar. Sólo que con algunos reparos profesionales: citar la fuente de información. No hace falta decir el nombre de la persona. Se puede decir, por ejemplo, qué organismo del Gobierno facilitó la carpeta. Buscar la otra campana en las palabras del protagonista de la novedad y –sobre todo– no parcializar la información ocultando las buenas relaciones de Alvarez con Kirchner, que junto a Alberto Fernández intercedió para que fuera a apagar el incendio de Cromagnon durante el gobierno de Ibarra. Es más, ese integrante de la SIDE dictatorial fue un candidato a ser vicepresidente del propio Kirchner. Durante los años 90, los periodistas de investigación aprovechaban las internas y las brechas del menemismo para develar informaciones que el poder quería ocultar. Ahora es al revés: el poder canaliza información a través de algunos medios, que iluminan delitos o trampas o picardías de opositores. Es legal pero antiético. Es comunicación, pero no es periodismo. Lamentablemente, la lista de situaciones que erosionan la libertad de prensa podría continuar. Con el modelo de hiperconcentración de muchos medios en pocas manos. O con el bloqueo que están sufriendo la ley de acceso a la información o la mismísima ley de radiodifusión de la dictadura que todavía nos rige. También con el desprecio y maltrato que existe desde el Gobierno hacia las entidades que representan a las empresas o a los periodistas. Hablo de ADEPA, SIP, Fopea y tantas otras, que sólo han recibido ofensas o negativas ante los pedidos de entrevistarse con el Presidente para dialogar civilizada y democráticamente sobre los temas en común. El Talmud dice que la fe (y el periodismo, agrego yo) debe servir para acomodar a los incómodos y para incomodar a los cómodos. Debe ser fiscal del poder y abogado del hombre común. Debe respetar más la verdad que la ideología. Para el matrimonio presidencial, en cambio, la noticia es una trinchera desde donde disparan opositores de todo tipo y por eso pretenden achicar, contener, limitar y perseguir hasta asfixiar a los periodistas que se niegan a la obsecuencia. A veces desatan verdaderas cacerías de opiniones distintas aunque sea por minucias. Y eso que ningún gobierno desde 1983 tuvo tanto poder político y tanto apoyo mediático. Eso quiere decir una sola cosa: estamos en problemas.
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LIBERTAD DE PRENSA BAJO LA LUPA ♦ K AMENAZA A LA PRENSA ♦


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Libertad de prensa e hipocresía

Por Segundo Enfoque ♦

En nuestro país, han proliferado quejas por una supuesta falta de libertad de prensa desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner. Aunque algunas voces de alerta deben ser atendidas, el reclamo por un mejor ejercicio de la libre expresión hecho por las empresas periodísticas más grandes del país esconde -las más de las veces- presión por beneficios empresariales.Todo empezó en octubre del año pasado. La líder de Afirmación por una República de Iguales (ARI), Elisa Carrió, que con su fuerza de centro izquierda terminó tercera en la última contienda electoral, acusó al kirchnerismo de cometer “pequeños avances” contra el periodismo y advirtió que eso podría convertirse en violaciones más claras a la libertad de prensa. Carrió se refería específicamente a comunicaciones telefónicas de altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a celulares de periodistas de distintos medios, para hacerles observaciones sobre lo que habían escrito o dicho en sus medios.Luego, en marzo pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –que engloba grandes empresas periodísticas de todo el continente- se hizo eco en su Reunión de Medio Año, en Los Cabos, México. “Se registra un grave atentado a la libertad de prensa cuando desde la Presidencia de la República algunos funcionarios presionan a través de llamadas telefónicas a medios de comunicación y periodistas que critican al gobierno”, sostiene el único párrafo referido al tema en todo el informe sobre Argentina.A su vez, en abril de este año se produjo un entredicho entre dos ministros del Gabinete Nacional y la entidad que nuclea a la corporación periodística del país, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). El 14 de ese mes, ADEPA emitió un comunicado manifestando “preocupación por reacciones ministeriales”. Aludió a las “desafortunadas declaraciones” del ministro del Interior, Aníbal Fernández, (había cuestionado al diario La Nación por una entrevista al ex presidente Carlos Menem) y a la “inaceptable actitud” del jefe del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, (había criticado la tarea informativa de Marcelo Bonelli en el diario Clarín). Lavagna respondió tras el comunicado: “La prensa no es una vaca sagrada; tiene las mismas lacras y virtudes que otros sectores”.Oficialmente, el titular del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Julio Bárbaro, respondió a través de este medio, en su edición de abril de 2004, que las denuncias sobre presuntos “aprietes” a periodistas eran una “imbecilidad folklórica”. “Cada vez que yo me senté con uno de los acusadores y le pedí un dato, el dato nunca existió”, bramó Bárbaro con su habitual elocuencia.En primer lugar, queda claro que el Gobierno no debe llamar a ningún periodista de ningún medio para observarle nada sobre lo que haya dicho. Sí, es cierto que un llamado o un mensaje, aún en tono cordial, entre risas, que cuestione el contenido de un párrafo de un artículo escrito por un periodista puede no representar un hecho grave de cercenamiento de libertades. Pero según la experiencia del trabajador de prensa o de acuerdo con su carácter, esto puede llegar a influir en sus futuros reportes, inclusive generando actitudes de autocensura. Así y todo, nadie puede afirmar honestamente que este sea “un grave atentado a la libertad de prensa”. Más bien, son torpezas típicas de funcionarios que rozan la figura del “piojo resucitado”.Pero atención. Esto no significa que Argentina sea la panacea de la libre expresión. Todo lo contrario. Y sí, es el gobierno el gran cómplice y promotor de ello, mas no por un llamado telefónico. No hay ni habrá libertad de expresión en la medida en que los medios de comunicación estén hiper-concentrados y el gobierno lo tolere, apañe y profundice a cambio de la obsecuencia editorial generalizada, que también retribuye con grandes fardos de publicidad oficial.De esta forma, son hipócritas las empresas periodísticas cuando se quejan, por ejemplo, a través de la SIP. En el mismo informe que tiene tres líneas de cuestionamientos al supuesto “maltrato” de periodistas en Argentina, se hace una descripción de cuánto han caído las ventas de ejemplares de diarios, hay un lamento por el retiro de beneficios impositivos para el sector, conocidos como “planes de competitividad”, así como también se hace explícito el pedido de que el aporte patronal vuelva a ser tomado como crédito fiscal del IVA. Y además, se pide ayuda para afrontar las grandes deudas fiscales de los medios.Por último, también son hipócritas los funcionarios del Gobierno, que critican, se quejan y despotrican contra periodistas rasos por algún titular que no les cae en gracia, cuando en realidad su propia administración tiene acuerdos evidentes con los principales medios de la Argentina, y se beneficia de ello, con el ocultamiento de los temas que la incomodan y con la instalación de la agenda en la opinión pública según sus intereses.

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http://www.lacapital.com.ar/2003/10/18/politica/noticia_45618.shtml

♦ El gobierno negó "aprietes" a periodistas El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió ayer al cruce de denuncias lanzadas por algunos sectores de la prensa y del ámbito político sobre supuestas "presiones" del poder, y aseguró que desde el gobierno no están "apretando a periodistas para que digan lo que se desea".Fernández replicó duramente una información aparecida en la última edición de la revista Noticias que habla de un supuesto apriete a la prensa por parte del kirchnerismo, donde afirman que el gobierno no sólo no "tolera disidencias" sino que "ofrece viajes en el Tango 01 y usa la información y la publicidad oficial para premiar a los chupamedias y castigar a los críticos"."Jamás soportaría una discriminación de ese tipo", advirtió el funcionario al recordar que la Secretaría de Medios funciona bajo su órbita.El jefe de Gabinete admitió que el presidente Néstor Kirchner "se molesta cuando escriben cosas que lo agravian", pero aseguró que ese malestar es "desde su condición de hombre honesto, no desde su condición de poderoso"."La realidad es que nosotros no levantamos el teléfono para decirle a la gente que deje de decir lo que quiera decir", resaltó, para agregar: "No hay dos Kirchner, Kirchner es lo que es".Sobre la publicación de Noticias, enfatizó: "Yo realmente estoy asombrado, francamente asombrado. Esa misma revista hace una semana publicó una de las notas más vergonzosas que yo leí en el periodismo argentino".De esta manera, aludió a un artículo que, bajo el título "El cajero", apuntó contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Asimismo, Fernández insistió en rechazar denuncias similares lanzadas por el periodista Jorge Lanata y la diputada del ARI Elisa Carrió, quien días atrás aseguró que el gobierno "presiona a periodistas" con el fin de "callarlos" cuando no quiere que se difunda una información."Lilita creo que se equivoca", subrayó el funcionario, días después de que la titular del ARI puntualizara que en los "últimos tiempos", cuando el oficialismo desea que no salga una determinada información, los medios son "objeto de una llamada telefónica".También sostuvo que el periodista Lanata "se equivocó dos veces: se equivocó en muchas cosas que dijo respecto de (el titular del Pami) Juan González Gaviola y se equivocó cuando nos adjudicó a nosotros presiones"."Jorge Lanata es un hombre que yo respeto particularmente", señaló el funcionario, pero reflexionó que "a veces los hombres prestigiosos también se equivocan". ♦

Fin de la justicia independiente ♦ Intromisión K en la justicia ♦ Los jueces hartos se van ♦

K Y LOS MIEDOS EN LA JUSTICIA ♦

El estado de la Justicia: hay 145 tribunales nacionales vacantes ♦

Renunciaron 142 jueces desde que asumió Kirchner

Es el número más alto desde que volvió la democracia; los magistrados alegan "hartazgo"



Las renuncias de jueces nacionales son récord en lo que va del gobierno de Néstor Kirchner: 142 magistrados dejaron sus cargos en los últimos tres años. Hartazgo, presiones y temor al juicio político son las causas, según el diagnóstico de las principales agrupaciones de jueces. En el Ministerio de Justicia, en tanto, dicen que muchos magistrados se fueron para jubilarse (no hay datos oficiales de las causas) y se niegan a arriesgar otra explicación para este fenómeno. Se trata del índice de deserción más alto desde el advenimiento de la democracia. A lo largo del año y medio de gobierno de Eduardo Duhalde renunciaron 16 jueces; durante los dos años de Fernando de la Rúa, 48; en las presidencias de Carlos Menem, 46 y 102, respectivamente, y en los casi seis años de gestión de Raúl Alfonsín, 110. Y la tendencia se profundiza. En lo que va de este año ya se fueron 39 magistrados. Sólo habían renunciado tantos jueces juntos durante los doce meses de 2004, de 2005 y de 1984, cuando el fin de la dictadura produjo una renovación en el Poder Judicial. Mientras tanto, hay cada vez más juzgados vacantes y la Federación Argentina de la Magistratura advierte que ocurre algo nunca visto: en los tribunales del interior ya hay distritos en los que la justicia local tiene problemas para cubrir cargos por falta de candidatos. Los datos surgen de un relevamiento realizado por LA NACION sobre todos los decretos de aceptación de renuncias de funcionarios nacionales publicados desde 1983 hasta hoy en el Boletín Oficial. Hay un dato para tener en cuenta: la Justicia creció. Sobre todo en los años posteriores a 1992, cuando se instrumentó la oralidad para los juicios penales. En 1991 (el primer año del que tiene registro la Oficina de Estadísticas de la Corte), había 558 jueces nacionales y, en 1995, 821. Pero en la última década el número de jueces fue casi idéntico: en 1996 eran 858 y en 2004 (último dato disponible), 874. Hoy, 145 tribunales están acéfalos, de acuerdo con la información publicada por el Consejo de la Magistratura. Esto produce demoras en el trámite de las causas y obliga a la Justicia a recurrir a los subrogantes, jueces suplentes de dudosa constitucionalidad. Consultados por LA NACION, varios jueces coincidieron en que su trabajo se volvió ingrato, que la gente les exige respuestas que no siempre se condicen con lo que les ordena la ley y que el Gobierno, lejos de cumplir con el mandato constitucional de afianzar la Justicia, cuestiona sus decisiones. A eso se suma el miedo de ser acusados por el Consejo de la Magistratura, que desde 1997 los investiga y los somete a juicio en caso de mal desempeño. En los últimos seis años, al menos 20 jueces renunciaron mientras avanzaba una investigación en contra de ellos. Reciclado de "gerontes" La diputada kirchnerista Diana Conti, miembro del Consejo de la Magistratura, sostuvo que la renovación obedece a dos causas: a que hay jueces que prefieren renunciar porque saben que podrían ser "ajusticiados" en el Consejo por sus actos y a que el país transita un cambio cultural. "Esta no es una etapa política de reciclado porque sí de los gerontes. Es un reciclado para las nuevas generaciones. Cumplieron un ciclo y deben ceder el liderazgo", explicó Conti. Y advirtió: "El sistema político cambió. Ahora responde al pueblo argentino y quiere ser representativo del sentir nacional y popular. Se van los jueces que creían que el sistema político respondía a unos pocos". María Cristina Camiña, jueza de un tribunal penal y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, no coincide. "Sentimos que estamos en la cuerda floja. Con los juzgados atiborrados, aun el mejor juez corre el riesgo de cometer un error que termine en su destitución", afirmó. Y enojada, dijo: "Estamos expuestos a la crítica más severa, sin reconocimiento social, y el Gobierno no ayuda para nada. Cuando un juez dicta una sentencia, se pliega al clamor popular, como cuando liberaron a Chabán". En el Ministerio de Justicia no quisieron hacer ningún análisis. "Los fundamentos que plantean los jueces en sus renuncias son razones personales o jubilación. Lo demás son consideraciones subjetivas", dijo una fuente cercana al ministro Alberto Iribarne. Miguel Angel Caminos, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, cree, en cambio, que hay un innegable descontento en el Poder Judicial. "Las exigencias sociales son cada vez mayores y la capacidad de respuesta está mermada por la falta de infraestructura, medios, recursos humanos. Esto produce cansancio y desaliento", sostuvo Caminos, que negó que los jueces renunciaran por presiones políticas. "Más allá de expresiones públicas desafortunadas que pueden caer mal en el Poder Judicial, no recibimos denuncias de presiones concretas." Para Abel Fleming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), existe presión política "por omisión". "No cubrir las vacantes o no darle fondos a la Justicia, como pasa con los gobiernos de muchas provincias, es una forma de paralizar los poderes judiciales", denunció. Según Fleming, los jueces están en un "fuego cruzado" entre demandas populares ("de los que no entienden que los jueces no están para buscar consenso") y un Estado ausente para apoyar sus decisiones. "Enfrentamos una soledad institucional que produce mucho desgaste", declaró. En tanto, la sociedad no confía en los jueces. Según un estudio del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y la Universidad Di Tella, sólo el 1% de la gente percibe a la Justicia como "muy confiable". Fleming cree que la Justicia tocó fondo y que ahora se van a empezar a ver signos de la recuperación. Pero advierte que el desprestigio es fuerte en el interior y que hay problemas para cubrir las vacantes por falta de candidatos: "Pasó en Salta, en algunos distritos como Orán y Tartagal, que no llegaron a juntar siquiera tres candidatos para hacer una terna. Esto era impensado en otros tiempos". Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION Acorralados
§ Acorralados por investigaciones que avanzaban contra ellos en el Consejo de la Magistratura, varios jueces renunciaron. Según la Comisión de Acusación del Consejo, fueron 16 casos, pero los archivos dan cuenta de algunos más. En general, el Presidente acepta esas renuncias, pero el Consejo a veces le recomienda rechazarlas, como en el caso de Juan José Galeano, finalmente destituido. En rigor, el juicio político tiene por único fin la remoción. Entonces, no tiene sentido no aceptar la renuncia ("es un dispendio jurisdiccional", dijo a LA NACION Ricardo Gil Lavedra), pero los consejeros creen que permite revelar la verdad.

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FIN DE LA MAYORIA AUTOMATICA ♦ SACAN A JUECES A LA FUERZA QUE NO APOYAN LA CONFISCACIÓN ♦ LA REPUBLIKETA ♦

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No sólo roban sino que echan a todo juez que declare ilegal el robo ♦

Fecha 26/10/2003 12:43:12 Tema: Carta de Lectores ♦

No contábamos que esto es la Argentina, y gobernada por quienes no solo son capaces de expropiar a los 3 meses de haber sacado la ley de intangibilidad de los depósitos sino que también son capaces de cambiar la composición de la Corte para que ésta declare que el robo es constitucional. Veamos sino la evolución de este tema desde la pesificación. Cuando Duhalde y Remes Lenicov anunciaron la pesificación, esto es una licuación generalizada de deudas a ser financiada con la expropiación de los que habían mantenido sus ahorros en el país, hubo 5 jueces de la Corte que se opusieron (Nazareno, Moliné O´Connor, López, Vazquez y Fayt), dos que se excusaron (Petrachi y Bossert) y dos que la apoyaron (Belluscio y el ex miembro de la mayoría automática menemista Boggiano, quien sin ningún rubor empezó a hacer mérito pasándose a la minoría automática duhaldista). Así salió el fallo Smith el 1 de febrero de 2002: 5 a 2.Este amplio resultado no debía llamar la atención. O tal vez si, pero sólo para preguntarnos porque no fue 9 a 0, dado que ese hubiera sido el resultado en cualquier otra instancia del Poder Judicial por debajo de la Corte Suprema siendo que, salvo parcialmente Guglielmino, todos los jueces de primera y segunda instancia declararon inconstitucional la pesificación de los depósitos.Igualmente, con 5 miembros de la Corte dispuestos a defender el derecho de propiedad de los ahorristas y sólo 2 dispuestos a expropiarlos, y considerando además que cualquier conjuez que designaran para reemplazar a los 2 excusados sumaría su voto al de la mayoría dada la opinión abrumadora en todo el Poder Judicial, la suerte parecía echada. Era sólo cuestión de esperar, pero no había dudas de cual sería el fallo definitivo.Claro que no contábamos que esto es la Argentina, y gobernada por quienes no solo son capaces de expropiar a los 3 meses de haber sacado la ley de intangibilidad de los depósitos sino que también son capaces de cambiar la composición de la Corte para que ésta declare que el robo es constitucional. Veamos sino la evolución de este tema desde la pesificación.Como represalia por el fallo Smith, Duhalde promovió al día siguiente un juicio político a toda la Corte. Los legisladores no llegaron a los 2/3 necesarios para echarlos pero consiguieron paralizar a la Corte por meses logrando que mientras tanto se consolidara la licuación, y además obtuvieron la renuncia por cansancio moral de Bossert y con ella una vacante para designar en su reemplazo a Maqueda, el presidente del Senado, quien desde el Congreso había liderado la política de Duhalde. Un lindo ejemplo de respeto a la división republicana de poderes.Cuando hacia fines del 2002 comenzó a trascender que habría un nuevo fallo de la Corte a favor de un ahorrista particular, se inició un nuevo juicio político, esta vez contra Fayt, a quien además le hicieron la vida imposible desde los medios de comunicación adictos, o sea, casi todos. Hasta tuvo que soportar un misterioso robo en su departamento. El viejo, con sus 84 años a cuestas, se ganó un lugar en la historia aguantándose la presión y firmando de acuerdo a derecho y a pesar de todo el fallo San Luis en marzo del 2003. Pero el resultado ya no fue 5 a 2, sino 5 a 3, porque Maqueda, sin ponerse colorado, no se abstuvo a pesar de haber sido partícipe protagónico de la ley de emergencia económica. Y no sólo votó en contra sino que junto con Boggiano y Belluscio declararon el fallo nulo de nulidad absoluta, preparando el terreno para dar el siguiente zarpazo. Mientras tanto Duhalde, al mejor estilo del PRI mexicano, nombró a su heredero y continuador. Luego que le fracasaran los experimentos de Reutemann y a De la Sota, el dedazo recayó sobre Kirchner. La primera acción del heredero ni bien asumió la primera magistratura fue reaccionar enérgicamente ante la noticia de que Nazareno había incluido el caso de un ahorrista particular en el siguiente acuerdo de ministros de la Corte. Parece que el país serio que Kirchner prometió en su discurso inaugural no contemplaba que los que habían sido estafados pudieran recuperaran lo suyo. Entonces, haciendo abuso de la Cadena Nacional, el titular del Poder Ejecutivo le ordenó al Poder Legislativo que decapite al Poder Judicial. Otro lindo ejemplo de respeto a la división republicana de poderes.Como los legisladores estaban deseosos por mostrar cuan obsecuentes eran, quizás para ocultar que la mayor parte de ellos habían apoyado con gran fervor las medidas de la década anterior que ahora eran estigmatizadas, al día siguiente ya se había iniciado el trámite del juicio. Nazareno no aguantó ni 2 días y presentó la renuncia, quizás para asegurarse su jubilación. La fácil victoria los envalentonó por lo que rápidamente fueron por Moliné, aunque éste no fue una presa tan fácil. Pero finalmente la semana pasada lograron los votos necesarios para suspenderlo y ya es un hecho que será destituido. Y hoy consiguieron la renuncia de López, otro que no aguantó la presión (incendio de su casa incluida).El 5 a 2 del fallo Smith o el 5 a 3 del de San Luis se ha convertido ahora en un 2 a 3, con pronóstico de que pronto será un 1 a 3 teniendo en cuenta que de los dos votos favorables que quedan uno es el de Vazquez, de quien ya anunciaron que le iniciarán juicio político y que se descuenta que será removido con los mismo argumentos y votos que Moliné. La única duda es si Vazquez se las hará un poco difícil como hizo Moliné o si renunciará rápidamente como hicieron Nazareno y López.La coalición gobernante habrá conseguido para entonces 5 vacantes. Para la de Bossert ya puso a Maqueda. Para la de Nazareno a Zaffaroni. Para las de Moliné, López y Vazquez veremos a quien. Pero por lo sucedido con Zaffaroni está claro que serán nombrados los que Kirchner diga, dado el nivel de obediencia que han mostrado los legisladores.El final está abierto, con pronóstico reservado. Lo único que permite mantener una pizca de optimismo es que cuesta creer que los nuevos miembros pueden encontrar argumentos jurídicos para decir que la ley de intangibilidad de los depósitos no existió, pero Boggiano, Maqueda y Belluscio ya mostraron en el fallo San Luis lo que son capaces de hacer. De Zaffaroni y de los otros tres que a Kirchner se le cante nombrar dependerá lo que suceda con nuestros ahorros y nuestras esperanzas.Ralf

Los actos terroristas también son crímenes de lesa humanidad

http://www.apropoba.com.ar/datos/diariosarchivo_archivos/mayo2006.htm

Nota de actualidad
Los actos terroristas también son crímenes de lesa humanidad

Los actos terroristas son crímenes de lesa humanidad
Por Alejandro Olmedo Zumarán
Bahía Blanca, 28 de mayo.- (La Nva. Provincia Opinión-Lectores) - El caso del legislador que ha sido impedido de asumir su banca ganada legalmente en elecciones libres ha puesto en la palestra la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Es mi intención tratar este tema dándole un alcance más amplio, en el sentido de que los autores de atentados terroristas también merecen ser juzgados no importando el transcurso del tiempo ni tampoco el hecho de que hayan sido indultados. Por supuesto que, para que esto suceda, la Comunidad Jurídica Internacional, las organizaciones de derechos humanos y las ONG tienen que ponerse de acuerdo para sancionar una convención que declare como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles a los atentados terroristas, permitiendo que sus responsables sean juzgados.
Es conocida la teoría de que el terrorismo de Estado es condenable e injustificable, porque utiliza su aparato represivo para cometer actos aberrantes. Fue éste el argumento central para que el diputado elegido por el pueblo no pueda asumir como tal, ya que era acusado de haber cometido este tipo de crímenes. Dejando de lado el hecho trascendental de que el acusado no tenía condena, estimamos que su impugnación no correspondía, pero, al mismo tiempo, no hay duda de que quien ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad no debiera asumir cargos públicos en representación del pueblo de la Nación.
En 1968, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que, en el derecho argentino, se incorporó mediante la ley 24.584. En ella se destaca que este principio constituye una norma de derecho internacional consuetudinario, o sea de ius cogens y que, aunque no haya sido escrita, la misma existido desde los principios de la humanidad. Con este argumento, por ejemplo, se refuta la postura contraria que determina el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal y que estos tratados internacionales de derechos humanos han sido sancionados con posterioridad a los delitos que se cometieron en la Argentina en los años 70.
Pero nuestro objetivo es lograr que los lectores comprendan que, siguiendo este criterio, los crímenes y atentados cometidos por organizaciones terroristas constituyen también crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, debiendo ser juzgados sus autores aunque se hayan perpetrado hace cien años.
Afirmamos que el crimen de lesa humanidad requiere por necesidad que el acto imputado --llámese exterminio, esclavitud, privación ilegítima de la libertad, encarcelación, tortura, desaparición forzada y otros actos inhumanos-- debe haberse cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. El art. 7 del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, al definir los crímenes de lesa humanidad, dice que pueden ser cometidos "por un Estado o una organización".
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 51/210, del 16 de enero de 1996, tipifica como crímenes de lesa humanidad "los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas", destacando que tales actos "son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos".
El Dr. y jurista Gustavo Bossert, quien fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un artículo titulado "El terrorismo y los crímenes del Estado", publicado en "La Nación" el 31 de agosto de 2005, sostuvo:"...choca con el sentido de justicia que los crímenes del terrorismo puedan ser amnistiados, de algún modo perdonados o declarados prescriptos"... "Creo, entonces, que el paso inmediato que debe dar la comunidad jurídica internacional es definir, por fin, el concepto de terrorismo y extenderle clara y contundentemente la calificación de crimen de lesa humanidad...".
No cabe la menor duda ni resiste el menor análisis que los atentados como los ejecutados en el World Trade Center de Nueva York, donde murieron miles de personas, la estación de Atocha, en Madrid, donde murieron dos centenares, o en la subsecretaría de Planeamiento del ministerio de Defensa, el 15 de diciembre de 1976, en Buenos Aires, donde murieron 14 seres humanos y hubo 20 heridos, configuran crímenes contra la humanidad. Han sido actos inhumanos, que forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, como ocurrió aquí en los años 70, y sus responsables son organizaciones militares ilegales.
¿Contra quién, sino contra la humanidad, fueron cometidos estos actos terroristas aberrantes?
El derecho internacional humanitario ha decidido proteger el bien supremo de la vida humana mediante una variada cantidad de tratados internacionales y logró que éstos sean aprobados por la mayoría de los estados, pero ha olvidado hasta ahora uno muy importante: el tratado que sanciona a los atentados terroristas como crímenes de lesa humanidad.
Su nombre podría ser "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Atentados Cometidos por las Organizaciones Terroristas". Creemos que los atentados terroristas deben ser encuadrados en esta convención y sus responsables juzgados, no importando el transcurso del tiempo, ya que, al ser un derecho preexistente, se le debe aplicar el ius cogens.

ATAQUE A JUECES ♦ FIN DE LA MAYORIA AUTOMATICA ♦

http://www.terra.com.ar/canales/informaciongeneral/42/42130.html

Balearon al yerno de Julio NazarenoEl familiar del presidente de la Corte Suprema fue herido gravemente por supuestos delincuentes. Le pegaron un tiro en la cabeza, está internado en terapia intensiva. Investigan si fue una agresión, hasta el momento no hay detenidos. Ocurrió en el partido de Esteban Echeverría.
Ricardo Pablo Rodríguez, yerno del presidente de la Corte Suprema de Justicia Julio Nazareno, fue baleado por supuestos delincuentes que lo interceptaron en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Le pegaron un tiro en la cabeza sin mediar palabra. Pero también se investiga si fue una agresión.
El hombre se trasladaba a bordo de una camioneta Gran Cherokee cuando fue interceptado por tres personas, uno de los cuales le disparó un tiro y lo hirió en la cabeza. El proyectil ingresó por la región occipital y quedó alojado en el maxilar inferior, según los primeros análisis que le realizaron en el Hospital Zonal Santamarina.
Rodríguez se encuentra fuera en terapia intensiva. Hasta el momento no hay ningún detenido por el hecho. La policía en un principio indicó que fue un intento de robo, sin embargo un móvil de radio Continental informó que la policía e investigadores manejan otras hipótesis.
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http://www.clarin.com/diario/2004/08/25/um/m-819837.htm

11:10 EPISODIO CONFUSODenuncian que balearon el auto del juez VázquezEl ministro de la Corte resultó ileso en el hecho, que ocurrió en la localidad bonaerense de Del Viso. Habría declarado que las balas salieron desde otro vehículo.
El automóvil en el que se desplazaba esta mañana el juez Adolfo Vázquez fue tiroteado en la localidad bonaerense de Del Viso y el ministro de la Corte resultó ileso.Vázquez se desplazaba en el vehículo oficial acompañado por su custodia desde Del Viso hacia el cementerio privado de Pilar, pues hoy se cumple un aniversario de la muerte de su esposa. En circunstancias aún confusas, el auto fue tiroteado y quedó con dos impactos de bala, uno en la puerta trasera izquierda y otro en el baúl. Fue cuando transitaba por la Ruta Panamericana en dirección a Pilar.Fuentes judiciales y policiales dijeron a la agencia DyN que Vázquez, quien se desplazaba acompañado por su chofer y su custodia, declaró que sintió un ruido en la carrocería del vehículo y al detener la marcha y descender para determinar qué había ocurrido, detectó los impactos.Vázquez habría dicho, incluso, que cuando sintió el impacto alcanzó a ver a un hombre que supuestamente guardaba un arma de fuego que habría tenido un silenciador entre sus ropas. Esta sería una explicación posible para la rareza de que no hubiera hasta el momento testigos que escucharan los disparos, presuntamente ocurridos en plena ruta.El juez, que afronta un proceso que seguramente lo terminará dejando afuera de la Corte, había sido noticia ayer por sus declaraciones contra el Gobierno y contra su colega Enrique Petracchi, presidente del Tribunal.Vázquez es el último “sobreviviente” en la Corte de la llamada “mayoría automática” durante el menemismo, cuando se aprobó buena parte de las normas impulsadas por el oficialismo en aquel entonces.


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http://www.laprensa.com.ar/secciones/nota.asp?ed=1454&tp=12&no=47165

DECLARACIONES"Los poderes del Estado actúan subordinados a los mandatos y presiones del presidente de la Nación y su círculo de aduladores, con un Congreso disciplinado y temeroso, y una Corte moldeada a medida de sus lineamientos políticos radicalizados", opinó el ministro el martes último. La semana pasada, los senadores nacionales se constituyeron en tribunal en el proceso iniciado contra Vázquez por mal desempeño de sus funciones, en tanto el 1 de septiembre la comisión acusadora de la cámara baja expondrá ante el Senado los motivos por los cuales acusó y pidió la suspensión preventiva y la destitución del ministro.

K SIGUEN LAS LEYES A MEDIDA ♦

Viernes 16 de febrero de 2007


Aguas y Aeropuertos: leyes a medida


Recién comenzadas las sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional aprobó, con inusual urgencia, el nuevo acuerdo entre el Estado y la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) por el cual se extendió el contrato de concesión de los aeropuertos hasta 2028. De esta manera, los legisladores evitaron que el convenio de renegociación fuese aprobado por "sanción ficta", como establece el reglamento para estas negociaciones con empresas privatizadas. La diferencia no es menor: hay quienes temen que en el futuro esas decisiones no votadas puedan ser cuestionadas por inconstitucionales. El acuerdo fijó en 1200 millones de pesos el monto de la deuda de AA2000 con el Estado por canon impago y en 350 millones la deuda de éste con la compañía. El neto de 850 millones de pesos será saldado con acciones, hasta el 20 por ciento del capital social, lo cual permitirá el ingreso del Estado nacional en la empresa concesionaria. La compañía colocará en el mercado otro 20 por ciento de sus acciones, que podrá ser adquirido por inversores privados o por el propio Estado. Además, el convenio determina que el monto del canon anual surgirá de calcular un porcentaje fijo de los ingresos de la operadora de los aeropuertos, es decir estará ligado a la suerte del negocio. El convenio aprobado deja algunos interrogantes sin responder. Por ejemplo, cabe preguntarse por qué el Estado rescindió los contratos con Aguas Argentinas y con el Correo Argentino debido a incumplimientos reiterados e injustificados, y ahora resuelve cambiar ese criterio respecto de AA2000, que se encuentra en la misma situación de incumplimiento. También debería aclararse por qué el Estado nacional elige asociarse con esa empresa, condonando una deuda varias veces millonaria, cuando puede rescindir el contrato de concesión y llamar a una nueva licitación. El oficialismo también logró, en la Cámara de Diputados, sancionar el marco regulatorio para la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) que, tras la rescisión del contrato con la firma francesa Suez, reemplazó a Aguas Argentinas en la concesión del servicio de aguas y cloacas en la Capital Federal y 17 municipios del conurbano bonaerense. Con esa ley, el Congreso cumplió con una deuda pendiente desde marzo último, cuando se aprobó la creación de AySA; desde entonces, la firma estatal ha operado sin plan de obras ni presupuesto, y sin un ente regulador de control. Es decir, todo lo contrario de lo que indican las normas más elementales sobre gestión y administración. La norma fue aprobada por 133 votos en favor y 75 en contra. La oposición cuestionó el grado de concentración del manejo de la empresa en manos del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, así como la exclusión de los usuarios en las audiencias públicas y la facultad de la nueva compañía para crear cargos específicos extras para financiar obras, si así lo decidiese. La ley, además, prevé la creación de un nuevo ente regulador para el agua y la creación de otro organismo que administrará obras de ampliación de redes y que dependerá también del ministro De Vido. Es decir, tres sombreros para una sola cabeza: la del ministro de Planificación Federal, que gestiona, se audita a sí mismo y planifica el futuro, casi sin injerencia de la sociedad civil ni de organismos de control. Este punto fue la diferencia más importante entre los diputados oficialistas y sus aliados, y los de la oposición, a la hora de aprobar el nuevo marco regulatorio. Por otro lado, las Naciones Unidas (ONU) enviaron al gobierno nacional una carta en la que expresaban su preocupación por buena parte de los contenidos del proyecto de marco regulatorio de AySA. El núcleo de la nota versa sobre desprotecciones de derechos humanos y sociales. El organismo multilateral destacó la inclusión de la "tarifa social" en el proyecto, pero puso el foco sobre ciertas imprecisiones y falta de directivas concretas que podrían transformar el derecho en mera declamación. Según el organismo, minimizar las auditorías sociales y la intervención ciudadana vulnera su Observación General 15, que garantiza "el derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio de su derecho al agua". Preguntas sin respuesta, dudosas compensaciones entre partes, costos elevados, recomendaciones dejadas de lado, concentración desmedida en la toma de decisiones, falta de representación ciudadana y ausencia de controles fueron, entre otros, algunos de los cuestionamientos que no fueron contemplados cuando el Congreso aprobó el marco regulatorio de AySA y el contrato de concesión de los aeropuertos. Y todo esto no sólo en detrimento de los servicios que ofrecen, sino también de los usuarios que los utilizan.
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