K SIGUEN LAS LEYES A MEDIDA ♦

Viernes 16 de febrero de 2007


Aguas y Aeropuertos: leyes a medida


Recién comenzadas las sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional aprobó, con inusual urgencia, el nuevo acuerdo entre el Estado y la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) por el cual se extendió el contrato de concesión de los aeropuertos hasta 2028. De esta manera, los legisladores evitaron que el convenio de renegociación fuese aprobado por "sanción ficta", como establece el reglamento para estas negociaciones con empresas privatizadas. La diferencia no es menor: hay quienes temen que en el futuro esas decisiones no votadas puedan ser cuestionadas por inconstitucionales. El acuerdo fijó en 1200 millones de pesos el monto de la deuda de AA2000 con el Estado por canon impago y en 350 millones la deuda de éste con la compañía. El neto de 850 millones de pesos será saldado con acciones, hasta el 20 por ciento del capital social, lo cual permitirá el ingreso del Estado nacional en la empresa concesionaria. La compañía colocará en el mercado otro 20 por ciento de sus acciones, que podrá ser adquirido por inversores privados o por el propio Estado. Además, el convenio determina que el monto del canon anual surgirá de calcular un porcentaje fijo de los ingresos de la operadora de los aeropuertos, es decir estará ligado a la suerte del negocio. El convenio aprobado deja algunos interrogantes sin responder. Por ejemplo, cabe preguntarse por qué el Estado rescindió los contratos con Aguas Argentinas y con el Correo Argentino debido a incumplimientos reiterados e injustificados, y ahora resuelve cambiar ese criterio respecto de AA2000, que se encuentra en la misma situación de incumplimiento. También debería aclararse por qué el Estado nacional elige asociarse con esa empresa, condonando una deuda varias veces millonaria, cuando puede rescindir el contrato de concesión y llamar a una nueva licitación. El oficialismo también logró, en la Cámara de Diputados, sancionar el marco regulatorio para la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) que, tras la rescisión del contrato con la firma francesa Suez, reemplazó a Aguas Argentinas en la concesión del servicio de aguas y cloacas en la Capital Federal y 17 municipios del conurbano bonaerense. Con esa ley, el Congreso cumplió con una deuda pendiente desde marzo último, cuando se aprobó la creación de AySA; desde entonces, la firma estatal ha operado sin plan de obras ni presupuesto, y sin un ente regulador de control. Es decir, todo lo contrario de lo que indican las normas más elementales sobre gestión y administración. La norma fue aprobada por 133 votos en favor y 75 en contra. La oposición cuestionó el grado de concentración del manejo de la empresa en manos del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, así como la exclusión de los usuarios en las audiencias públicas y la facultad de la nueva compañía para crear cargos específicos extras para financiar obras, si así lo decidiese. La ley, además, prevé la creación de un nuevo ente regulador para el agua y la creación de otro organismo que administrará obras de ampliación de redes y que dependerá también del ministro De Vido. Es decir, tres sombreros para una sola cabeza: la del ministro de Planificación Federal, que gestiona, se audita a sí mismo y planifica el futuro, casi sin injerencia de la sociedad civil ni de organismos de control. Este punto fue la diferencia más importante entre los diputados oficialistas y sus aliados, y los de la oposición, a la hora de aprobar el nuevo marco regulatorio. Por otro lado, las Naciones Unidas (ONU) enviaron al gobierno nacional una carta en la que expresaban su preocupación por buena parte de los contenidos del proyecto de marco regulatorio de AySA. El núcleo de la nota versa sobre desprotecciones de derechos humanos y sociales. El organismo multilateral destacó la inclusión de la "tarifa social" en el proyecto, pero puso el foco sobre ciertas imprecisiones y falta de directivas concretas que podrían transformar el derecho en mera declamación. Según el organismo, minimizar las auditorías sociales y la intervención ciudadana vulnera su Observación General 15, que garantiza "el derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio de su derecho al agua". Preguntas sin respuesta, dudosas compensaciones entre partes, costos elevados, recomendaciones dejadas de lado, concentración desmedida en la toma de decisiones, falta de representación ciudadana y ausencia de controles fueron, entre otros, algunos de los cuestionamientos que no fueron contemplados cuando el Congreso aprobó el marco regulatorio de AySA y el contrato de concesión de los aeropuertos. Y todo esto no sólo en detrimento de los servicios que ofrecen, sino también de los usuarios que los utilizan.
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