lunes, 5 de marzo de 2007

La renuncia del presidente de la Oncca Denuncia contra Moreno en la Justicia ♦ PR ESO VENIMOS PIDIENDO QUE MORENO SEA EXPULSADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


La renuncia del presidente de la Oncca Denuncia contra Moreno en la Justicia

CUANTO LE RINDE A K MORENO


¿ROBA PARA LA CORONA?


CARCEL PARA MORENO!!!


Argentus ya lo habría mandado preso, pero todo llega; y vos K que esperas, o vos lo mandas a apretar, obediencia debida, los que utilizan las estructuras públicas y sus cargos son MAFIA DE ESTADO, art 29 y 36 CNA..

► Fuente La Nación O.L.

Martes 6 de Marzo de 2007


El diputado Adrián Pérez, de ARI, solicitó que se lo investigarapor amenazas



Los particulares modales del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, podrían entrar en la mira de la Justicia si prospera una denuncia que presentará hoy en la Justicia el diputado Adrián Pérez (ARI-provincia de Buenos Aires).

El legislador concurrirá a los tribunales federales ubicados en Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, para pedirle a la Justicia que investigue si Moreno incurrió en "amenazas coactivas agravadas" contra el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Marcelo Rossi, que motivaron su renuncia.

En declaraciones a la prensa, Rossi habría señalado: "Moreno me amenazó y, lamentablemente, no es nada saludable trabajar en estas condiciones. Temo por la seguridad de mi familia". Pérez recordó que el delito de amenazas coactivas agravadas es sancionado con penas de hasta diez años de prisión, según lo dispone el Código Penal.

El legislador, que ya se presentó en la Justicia para denunciar el relevo de funcionarios del Indec, analizó con la diputada nacional y líder de ARI, Elisa Carrió, la supuesta presión de Moreno a Rossi, y ambos decidieron impulsar una causa penal.

Por su parte, el grupo Pampa Sur, integrado por legisladores, dirigentes políticos y productores agropecuarios, anunció que estudiará con un grupo de abogados las medidas legales por seguir "para terminar con este tipo de actitudes mafiosas y estas amenazas denunciadas por distintas empresas, consignatarios, productores y, ahora, por funcionarios del propio gobierno", según adelantó en un comunicado.

El presidente de Pampa Sur, Miguel Saredi, manifestó que "no es posible que un funcionario alerte sobre una cuestión tan relevante para la vida de esta nación y nadie diga nada, como si ya estuviéramos acostumbrándonos a semejante salvajismo".

La agrupación anunció que durante esta semana la diputada María del Carmen Alarcón, del bloque Movimiento Pampa Sur, presentará un pedido de informes en la Cámara baja para que se aclare lo denunciado por Rossi.

"Lo más grave es el acostumbramiento, la anestesia moral que ya tienen incluso los sectores allegados a nuestro campo, que permiten tolerar o resignarse ante la violencia del poder", sostuvo el comunicado de Pampa Sur.

Los choques entre Moreno y Rossi comenzaron el año pasado, cuando el secretario de Comercio Interior decidió intervenir en la fijación de precios del Mercado de Liniers, un área de la responsabilidad del presidente de la Oncca.

Los conflictos se agudizaron el mes pasado, cuando esa repartición oficial fue designada la encargada de administrar el fondo por US$ 500 millones que se destinará a subsidiar los precios de los alimentos.



Link corto: http://www.lanacion.com.ar/889004

domingo, 4 de marzo de 2007

UN TESTIGO QUE PONE EN JAQUE AL GOBIERNO ♦Caso Jorge Julio López: El "Watergate de Kirchner" ♦




UN TESTIGO QUE PONE EN JAQUE AL GOBIERNO

JORGE SCANIO: EL ÚLTIMO QUE VIO A JULIO LÓPEZ CON VIDA

Fuente: http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=2727

Hace algunas semanas decidí investigar la desaparición de Jorge Julio Lopez, luego de haber resuelto con éxito el falso cautiverio de Julio Geréz a horas de haber aparecido (1).
En ese marco, consulté a diversas fuentes oficiales y extraoficiales para intentar llegar a esclarecer un caso que, al paso de los meses, parecía haber quedado en agua de borrajas a pesar del aparente interés de algunos funcionarios del Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires.
Entrevisté entonces a una veintena de personas, la mayoría de las cuales no aportó –la mayoría no se animó a hacerlo- datos sustanciales a mi indagación. He cruzado datos, chequeado trascendidos y soportado el silencio oficial frente a mi requerimiento de entrevista con algunos funcionarios de alto rango.
Finalmente, luego de dejar de lado la información "incontrastable" y descartar la “carne podrida”, mi artículo pudo ver la luz (2). Allí hice referencia a que la desaparición de López se debió a una fallida operación de importantes funcionarios de primera y segunda línea que intentaban "boicotear" una de las marchas a efectuarse por los autodenominados "Familiares de las Víctimas de la Guerrilla" el día 5 de octubre de 2006. El dato surgió del propio seno del Gobierno, sumado al testimonio de algunos investigadores especializados en este tema.
El silencio oficial frente a lo publicado por este periódico fue más que elocuente. No hubo una sola desmentida ni intención de brindar la versión oficial del asunto por parte del Gobierno, a pesar de mi insistente requerimiento. Todo un dato.
Al mismo tiempo, llegó a mis oídos una asombrosa historia que cerraba parte de este tema. Allí fui entonces en búsqueda de la noticia.


Un día de campo

A los pocos días de publicar mi artículo sobre la desaparición de Julio López, gestioné un encuentro personal con Jorge Scanio, un hombre que asegura haber visto al desaparecido albañil a principios de octubre de 2006, es decir, a más de diez días de haberse "desvanecido" del planeta Tierra.
El encuentro se dio en una confitería ubicada en la zona norte del conurbano, a metros de una conocida estación de tren. Scanio fue impuntual, pero finalmente llegó. Su mirada hacia mi persona fue de desconfianza permanente y así perduró hasta pasado un buen rato de nuestra charla. Preguntó una y otra vez cuál era mi interés en el tema y si yo sería capaz de "no venderme", como sí habían hecho otras personas, entre ellas, su abogado.
Scanio es un incansable fumador y eso provocó en mí un inevitable malestar que hizo que mi concentración no estuviera en su estado más óptimo. Cuando se le acababa un cigarrillo, el testigo encendía otro. Así lo hizo una y otra vez durante la entrevista.
Ayudaba a su ansiedad, especulo, el peso de lo que estaba por contarme. Una historia imposible, tremenda, que vulnera toda posibilidad de tolerancia humana. Fue el momento de tragar saliva y zambullirse, ya no había vuelta atrás.
Scanio me contará una historia que jamás olvidaré. Una trama que fue chequeada por mí después de nuestra entrevista y que aún hoy me impresiona.
Todo ha comenzado -según pude saber- a fines del año 2005, cuando un hombre llamado Roberto Montenegro hizo un contrato de arrendamiento de un campo denominado "San Genaro", ubicado en el Km 135 de la Ruta Nacional Nº 3, en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Al momento de visitar el lugar, el locatario hizo un exhaustivo examen de todo, incluida la vivienda ubicada dentro del campo que estaba por alquilar. Allí pudo observar con enorme sorpresa que en el sótano de la vivienda había unos diez calabozos con puertas de chapa, "pasaplatos" y cerramientos pasadores. En el mismo lugar, Montenegro vio morteros, balas y diferente tipo de armas de fuego.
Partió raudo el hombre, pero volvió al día siguiente para tomar posesión del alquilado campo. Pudo ver entonces que había varios patrulleros esperando por él. Uno de ellos -sin permitirle decir palabra- lo llevó detenido, acusado de "usurpar" el lugar. Consecuentemente se le inició una causa en la Justicia que terminó de manera insólita. "Está todo bien, sus papeles están en regla, pero le aconsejo que no vuelva a ese lugar. Olvídese del campo", le dijeron en la fiscalía de Chascomús a Montenegro.
Así lo hizo, se fue a su casa y masticó la bronca de haber perdido una suculenta suma de dinero en un esquivo alquiler. Pasaron los meses, el enojo no se iba y pensó en una alternativa que podría calmar su ansiedad: llamaría a su amigo Jorge Scanio, gestor él, para que averiguara qué terrible secreto se escondía en ese campo que le quitaba el sueño cada noche.
Aceptó Scanio sin dudar y partió raudo el 1º de octubre de 2006 a visitar el misterioso lugar. Simuló un desperfecto en su automóvil y bajó a pedir agua con una botella vacía, su idea era entablar conversación con alguna persona del lugar y poder enterarse de los detalles de ese campo ¿Quién era el dueño? ¿Qué actividades se hacían allí? ¿Por qué tanto misterio por parte de Montenegro? Eran preguntas que Scanio no podía dejar de hacerse.
Eran las cinco de la tarde y nadie asomaba por el lugar. Mientras, el gestor avanzaba, dirigiéndose a la casa que se encontraba dentro del campo y que parecía ubicarse a no menos de 200 metros de donde él estaba. Avanzaba y pensaba. Pensaba y avanzaba. ¿Qué decir cuando me vean? ¿Creerán a historia del auto?
Algo cortó el pensamiento de Scanio. Fue abrupto. La aparición de un grupo de personas que salían de la casa a la que él inexorablemente se acercaba. Eran dos; no, tres; cuatro ahora. Estaban armados, no había dudas de ello. Mejor esconderse, pensó el gestor, mientras se ponía detrás de un árbol.
Y en el medio de ese movimiento, vio lo que no tenía que ver: un hombre mayor, custodiado por estos personajes. "¿A quién se parece?", pensó. La respuesta llegó inmediatamente a su cabeza, como un rayo paralizante de sus sentidos. "¡Es Julio López!", se dijo. No había dudas, la enorme cantidad de carteles sobre la desaparición del anciano no dejaban margen para el error.
Allí estaba, pues, López, en medio de cuatro hombres armados con Itakas que lo custodiaban. Vestía un jogging negro con un cuellito blanco y sus manos temblaban. Mientras lo vigilaban, el viejo se sentó en los escalones de la entrada de la casa, apoyando sus manos sobre las rodillas. Era López, ya no había dudas.
Veinte o treinta minutos ¿Cuánto tiempo había pasado? No importaba realmente, Scanio sólo quería salir de allí como fuera. Esperó a que todos entraran nuevamente a la vivienda y se marchó. Necesitaba urgentemente salir de ese lugar. No podía esperar para llamar a su amigo Montenegro y contarle todo.


El día después de mañana

"¡Vi al desaparecido Julio López en el campo que me mandaste a investigar!", dijo Scanio a Montenegro cuando pudo hablar con él. Le contó todo lo que había vivido con la voz temblante y asegurándole que volvería al lugar para indagar más sobre el tema. Montenegro le creyó cada palabra ¿Por qué no iba a hacerlo? Se conocían hacía bastante tiempo y Scanio jamás le había dicho algo que no fuera real.
El 8 de octubre siguiente, el gestor volvió al campo que le provocaba tanta curiosidad. No se detuvo esta vez, sólo atinó a pasar con su coche a baja velocidad. Esta vez pudo observar que había al menos tres tranqueras de acceso al lugar, una de las cuales no dejaba de llamarle la atención porque mostraba máquinas de vialidad junto a sus respectivos empleados.
Esos mismos trabajadores abrieron un de las tranqueras para permitir el paso de dos Volkswagen Bora color negro, los cuales salían justamente del campo "San Genaro". Pasó una vez, dos veces, tres veces. Scanio quería ver más, estaba obsesionado con ese lugar. Paró, sacó fotos y partió raudamente hacia su casa.
Hizo unos pocos kilómetros cuando observó que una camioneta se puso detrás de su vehículo. Scanio se tiró hacia la banquina, dándole el paso, pero no era eso lo que quería el otro conductor.
El gestor fue rozado por el otro vehículo, que avanzó muy lentamente por el costado de su automóvil. Cuando estaba a la altura del motor, la camioneta hizo una maniobra brusca para encerrarlo, lo cual obligó a Scanio a circular por la banquina. El mensaje fue claro y el miedo se apoderó de su persona ¿En qué se había metido? Por las dudas tomó los datos de la patente de la camioneta, tal vez allí se escondería parte de la trama oculta de lo sucedido con Julio López.
A las pocas horas, supo que la chapa DWR308, que identificaba a la camioneta, pertenecía al CUIT 30-54669051-9. Pero ¿a quién pertenecería a su vez ese código tributario?
Con el número a cuestas, pidió un informe a la empresa Fidelitas -una especie de Veraz- y allí observó con horror que el vehículo pertenecía a la "Contaduría General del Ejército". El miedo se apoderaba de su persona de manera elocuente. ¿Qué hacer frente a esto? Habló con su amigo Montenegro y con integrantes de su propia familia y llegó a la conclusión de que debía hacer la denuncia correspondiente.
Alguien le dijo que fuera a ver al Procurador General de la Nación y así lo hizo. El 10 de octubre siguiente se dirigió a la calle Guido 1577, de la Ciudad de Buenos Aires, para contar su verdad. Allí se entrevistó con un funcionario que escuchó pacientemente su relato y empezó una historia insólita, imperdible.
Así me lo ha contado el propio Scanio en nuestra entrevista: "Desde la procuración llamaron al ministro del Interior, Aníbal Fernández para repetir lo que yo había dicho minutos antes. Fernández dijo, preocupado, lo siguiente: 'este hombre nunca estuvo en la procuración y este llamado no existió. Díganle que vaya a su casa que personal de la SIDE lo va a contactar en las próximas horas'.
Así lo hice, me fui a mi casa y por la noche me contactaron agentes de la SIDE para que les contara todo lo que sabía. Nos encontramos en una estación de servicio de la zona de Moreno y les dije todo. Me aseguraron que iban a allanar el campo y que verían qué encontraban allí. Me dieron también su número de Nextel para que estemos comunicados, prometieron contactarse al día siguiente conmigo. Pasaron los días y viendo que no pasaba nada, me contacté yo con el Nextel que me dejaron (y que aún conservo). Lo que pasó allí me dejó sin palabras".


Muchachos serviciales

"¿Qué pasó muchachos, se olvidaron de mi?", dijo Jorge Scanio a su "servicial" interlocutor de Nextel.
"¿Cómo andás? Parece que lo que dijo el muchacho es verdad. Lo de abajo también", le respondieron crípticamente. El gestor se dio cuenta en el acto de dos cosas: uno, lo estaban confundiendo con alguien más; dos, lo de "abajo" parecía sonar a lo de los calabozos de la casa de campo.
A partir de ese momento Scanio empezó a dudar de todo y de todos. Pidió un nuevo informe financiero a Fidelitas sobre el CUIT perteneciente al dominio de la camioneta que lo sacó de la ruta 3 y se asombró una vez más: aunque seguía perteneciendo a la "Contaduría General del Ejército", esta vez el detalle financiero de esa entidad no registraba el detalle de deudas y cheques rechazados que tenía en su primera consulta (Ver documentos al pie). ¿Acaso alguien había "limpiado" la historia financiera de la institución? ¿Cómo pudo hacerse a tan pocos días de diferencia de las consultas? ¿Para qué?
Supo en ese momento que debía dirigirse a la Justicia, por su seguridad y por la de su familia. A esos efectos, se dirigió a una fiscalía de la provincia de Buenos Aires y declaró todo lo que sabía (Ver documento al pie). Todo lo dicho fue ratificado por Scanio días más tarde en la causa judicial que investiga la desaparición de Jorge Julio López. Fue el comienzo de algunos de sus problemas y el disparador para enviar a su familia a vivir al sur del país.
Hoy en día, el gestor no se anima a salir del partido donde vive y desconfía de todos aquellos que cruza por la calle. Vive temiendo que algo le suceda y limita sus contactos a personas de su más cercana intimidad.
Sabe que ha tocado intereses poderosos y cree que el alejamiento de cierta gente de su entorno se debe a este motivo. Por caso, hay periodistas que lo han entrevistado y que luego han sido presionados por los directivos de los medios en los que se desempeñan para que no se haga público su testimonio (3).
"Scanio es un testigo poco confiable", me dijo una fuente judicial de La Plata hace unos días.
"¿Por qué dice eso? ¿Puedo publicar lo que me está diciendo?", pregunté entonces a mi ocasional interlocutor. La primera pregunta no la pudo responder, la segunda fue un rotundo "no". Eso me dio la pauta de que Scanio no mentía.
Luego hablé con Roberto Montenegro, aquel que había alquilado el campo "San Genaro", quien no sólo ratificó lo dicho por Scanio sino que agregó lo suyo acerca de que en la casa referida había calabozos y armas. "Yo hablé con los vecinos de la zona y me dijeron en ese lugar era usual ver a conocidos políticos kirchneristas. No puedo decirte mucho más por teléfono", me aseguró Montenegro, justo antes de ofrecerme todos los papeles que demostraban que era locatario del campo referido.
Hay algo más que da credibilidad a los testimonios de ambos testigos: ninguno de ellos quiere dinero y ambos buscan pasar desapercibidos en este tema. Sólo quieren que se esclarezca el tema "López".


Concluyendo

Hay no pocos testigos en la zona de Atalaya, partido de Magdalena, que aseguran haber visto a Julio López los útimos días de septiembre de 2006 (4). Según su testimonio, no estaba nada preocupado, a contrario. Eso es lo que habría provocado que finalmente el kirchnerismo lo recluyera y allí sucedió lo que comentamos en el artículo anterior: le habría dado un ataque al corazón. Todas las fuentes consultadas en el marco de esa nota aseguraron que, después de lo sucedido, hubo una "orden de arriba" para cremarlo. "Debía desaparecer por completo. Era un escándalo si aparecía muerto", me dijo un ex comisario en ese momento.
Sea como fuere, llama la atención que la Justicia aún no haya allanado el lugar denunciado por Scanio y que su testimonio se haya dejado de lado.
Son las puntas sueltas de un ovillo que nadie ha atinado a rearmar y que podría esclarecer este espinoso caso. Un caso que compromete -y mucho- al gobierno de Néstor Kirchner y a algunos de sus ministros.
Christian Sanz



Testimonio:


Caso Jorge Julio López: El "Watergate de Kirchner"


Por Humberto Bonanata


En épocas de decadencia moral o por ende social es más común que Daniel Hadad se haga millonario por convertirse de menemista a duhaldista y desde mayo de 2003 en furibundo kirchnerista.


La prostitución no sólo se ejerce en una cama sino desde una
radio o un canal de televisión. Todo hombre tiene su precio, decía Napoleón.


Pero siempre existe una mosca blanca que al no dejarse comprar por la S.I.D.E. su portal informativo de Internet para que "frenara" su investigación sobre el caso López recibe como respuesta del kirchnerato amenazas de muerte, denunciadas el viernes ante la Policía Federal.


Ese mismo joven que en el momento de escribir este editorial en la madrugada del domingo se encuentra autoevacuado de su domicilio particular para preservar su vida y la de su familia.


Ese mismo joven que hasta el momento sólo fue recibido por Ricardo Hipólito López Murphy para interiorizarse de una trama de terror con consecuencias institucionales imprevisibles.


Ese mismo joven que, desde la desaparición de López el 18 de septiembre de 2006 comenzó a investigar las raíces de un caso vidrioso. Y que potenció su investigación luego del papelón oficial sobre el supuesto secuestro de Luis Gerez realizado con el solo fin de tapar la ineficiencia oficial ante el "caso López" y su eventual
muerte.


Según nos narrara, el historial del "caso López" habría comenzado con un pacto entre el gobierno y la familia del anciano para "echarles la bolsa de sospechas" a los organizadores del pacífico acto celebrado en la Plaza San Martín el 5 de octubre del año pasado para conmemorar a los civiles y militares muertos por la subversión.


¡Qué mejor que el testigo decisorio de la condena a Etchecolatz desapareciera dos semanas antes del "acto desestabilizador de la derecha retrógrada"!


Lo que habría sucedido, con la aquiescencia del propio López, es que el anciano –hasta ahora desaparecido- habría aceptado la maniobra política de la mentira oficial pero pocos días después habría padecido un infarto de miocardio que le provocara su muerte.


Nadie, ni Kirchner, ni Solá ni López, ni los Fernández pensaron en que el diablo metería la cola, o mejor dicho, Dios su manto de Justicia.


Ante el lamentable final, el gobierno aún no le habría comunicado la verdad a la familia y a su abogada, a quienes tendría engañados en que el anciano –en lugar de ser cenizas- estaría protegido en Brasil por comandos de Lula Da Silva. Un verdadero disparate.


Como muestra a lo aquí expuesto basta un botón. Ni los propios organismos de Derechos Humanos, ni sus principales dirigentes, ni el propio hijo de López manifiestan el repudio por la desaparición del anciano.


Según se comenta, la familia estaría amenazada de ahondar en el tema ante los medios libres de comunicación social.


En el autosecuestro de López estaría involucrado un "grupo comando" a cargo del ex funcionario Luis DÈlía, quien contaría con 300 ex piqueteros –actualmente asalariados- con portación de armas de legítimos usuarios.


Estos datos potenciales podrán ser ampliados ante el dirigente político del partido que fuera, que se
decida a convocar con la firma de todos los representantes del pueblo, a una sesión especial y eventual interpelación del Ministro de Interior para lo que puede ser un macabro final del conjunto de mentirosos que creen gobernarnos.


¡Gracias querido amigo por tu honradez y valentía!


La verdad siempre triunfa.


Buenos Aires, Febrero 04 de 2006

miércoles, 28 de febrero de 2007

Amenazan a Morales Solá y a Fontevecchia ♦ Clima de intimidación ♦ 29/09/2006 ♦


Amenazan a Morales Solá y a Fontevecchia


Clima de intimidación


Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/844688



Publicado en la ed. impresa:
Viernes 29 de setiembre de 2006




Usaron llamadas telefónicas y mails

El columnista de LA NACION Joaquín Morales Solá y el presidente de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, recibieron en las últimas horas amenazas anónimas, que en el caso de éste también alcanzan a sus familiares.

Las intimidaciones contra los dos periodistas contenían una severa advertencia que incluía represalias físicas y que revelan un trabajo previo de inteligencia sobre sus movimientos.

Ayer, Morales Solá recibió dos llamadas telefónicas en su oficina con diferencia de tres horas. En la primera, al mediodía, una voz anónima le hizo saber: “Este es el comienzo”. La otra comunicación, tan breve como elocuente, decía: “La próxima la sentís en el cuerpo”. Ambas llamadas fueron atendidas por el periodista.

Esto ocurrió el día después de que Néstor Kirchner dijera durante un acto en la Casa Rosada, al leer un artículo publicado en el diario Clarín en 1978 y atribuido por el Presidente a Morales Solá, que el periodista elogiaba actitudes conciliadoras y pacifistas del entonces presidente de facto Jorge Videla y resaltaba como positiva la organización del Mundial de Fútbol.

En el caso de Fontevecchia, las amenazas llegaron por otra vía.

En distintas casillas de correo electrónico de la Editorial Perfil se recibió un mensaje desde la dirección dejatedejoderya@yahoo.com.ar , en la que decía: "Fontevecchia, este mail es el principio, te estamos dando una posibilidad, dejate de joder con el gobierno nacional. Conocés la historia del padre que perdió a un hijo, qué triste, que no te pase... Sabemos todo de vos, si no cambiás, vas a sufrir mucho por tus seres queridos; el domingo esperamos leer un buen diario".

En otro mensaje intimidatorio, enviado desde la dirección tequedamuypocopoco@yahoo.com.ar , se indicaba: "Qué linda zona Recoleta para vivir, qué linda zona también para que explote una bomba... Imaginá la siguiente situación: llegás muy tarde del diario como es costumbre y de pronto ves a los bomberos frente a tu departamento, lindo departamento tenés, y hubo un escape de gas, que va a ser... [sic]. No nos obligues, o te sumás a la cruzada por el país o muy pronto vas a estar en el jardín de Pilar. No jodas más al Presidente".

La editorial informó, también, que en el domicilio de Fontevecchia comenzaron a recibirse amenazas telefónicas contra él y sus hijos.

El periodista y directivo de Perfil viajó a México para exponer ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre los problemas que enfrenta el periodismo argentino con el Gobierno y la discriminación que sufren algunos medios con la publicidad oficial.

Ambos correos electrónicos fueron recibidos anteayer.

Las actitudes intimidatorias no se limitaron a los dos periodistas citados. Continuaron ayer con otros cronistas que se ocupan de la cobertura del caso de Jorge Julio López, el albañil desaparecido hace más de diez días y cuyo testimonio resultó clave en el juicio que terminó con la condena a reclusión perpetua del represor Miguel Etchecolatz.

En esos casos, los periodistas recibieron mensajes en sus teléfonos celulares en los que, durante un instante, se oyen gritos y golpes de elementos metálicos. Si bien no hay amenazas explícitas, en todas las grabaciones coincide el mensaje.

Estas amenazas contra periodistas se suman a las que recibieron los jueces del tribunal que juzgó a Etchecolatz y a otros magistrados que investigan causas por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Esas cartas anónimas que apuntaban a los jueces del Tribunal Federal N° 1 de La Plata valieron anteayer la reacción del Presidente al referirse al caso López. "Si es para amedrentar, que sepan aquellos que quieren amedrentar que quienes estamos llevando adelante esto no tenemos derecho a tener miedo", dijo Kirchner.

Lo dijo luego de haber asegurado que "el pasado no está derrotado ni vencido".

Libertad de Expresión ♦ Amenazas a Periodistas ♦ La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ♦


Libertad de Expresión



Comunicado de la ADC


Amenazas a Periodistas

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) expresa su rechazo y su preocupación por las amenazas recibidas por Jorge Fontevecchia, director de Editorial Perfil y Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación y conductor del programa "En el llano".
Dichas amenazas constituyen una gravísima violación a la libertad de expresión y deben ser investigadas por las autoridades.
Como organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos civiles la ADC se siente alarmada frente a hechos que ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo crítico. Como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión "es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática" y debe ser defendida por todos aquellos que deseamos una democracia más sólida y plural.

ver:
http://www.adc.org.ar/home.php?iDOCUMENTO=598&iTIPODOCUMENTO=1&iCAMPOACCION=
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sábado, 17 de febrero de 2007

Libertad de prensa de baja intensidad ♦ Por Alfredo Leuco Para LA NACION ♦


♦ Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/849192

♦ Sábado 14 de octubre de 2006

Libertad de prensa de baja intensidad

Por Alfredo Leuco Para LA NACION



Este es el momento de menor libertad de prensa en la Argentina desde 1983. Practico profesionalmente y en forma cotidiana el periodismo y el análisis político desde ese año de la recuperación democrática tanto en la prensa audiovisual como en la gráfica. Mi propia experiencia y los comentarios de mis pares me llevan a esta grave conclusión para la salud republicana, cuya responsabilidad le cabe al presidente Néstor Kirchner. Pero no solo a él. Se puede ensayar una larga y triste lista de motivos, donde se mezclan algunos que vienen desde lejos y que este gobierno heredó sin intentar resolverlos, y otros mecanismos que Kirchner utiliza con feroz eficiencia y sin ninguna culpa, tal como ejerce el poder. Siempre que me preguntan, después de alguna charla o mesa redonda, si existe libertad de prensa en la Argentina, hago el mismo chiste malo pero ilustrativo. Miro el reloj de mi muñeca y digo: “A esta hora… sí”. Es que el monto y la calidad de la libertad de prensa se juega minuto a minuto en la lucha entre el poder (todos los poderes) que trata de ocultar y encubrir aquello que los periodistas debemos revelar y descubrir. Del resultado de esa tensión permanente y necesaria surge el tipo de libertad de prensa que tiene un país. La Argentina, a esta hora, tiene libertad de prensa. De hecho, tiene la suficiente libertad para permitir que yo, por ejemplo, pueda denunciar que actualmente es de baja intensidad. La más baja desde que enterramos a la dictadura militar. La libertad es el principal insumo del periodismo. Es la condición necesaria. Sólo después viene la noticia como eslabón de la cadena mediática. Es un lugar común, pero realmente veraz, decir en las facultades de ciencias de la información que con libertad es posible practicar un periodismo bueno, malo o regular. Pero que sin libertad, sólo es posible la propaganda. Es que se lesiona el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y a tener la máxima variedad de opiniones para tomar todas sus decisiones con la mayor madurez cívica posible. Sin la pretenciosa intención de agotarlas, puede ser de utilidad conocer cuáles son esas razones que me llevan a afirmar que éste es el momento de menor libertad de prensa desde 1983: 1) Agresiones de hecho. Son las más graves y peligrosas para la integridad física de los periodistas. Van desde las palizas que recibieron periodistas locales en Quilmes y en otras ciudades del interior hasta la permanente hostilidad del presidente Kirchner, con sus cachetazos verbales, que tienen destinatarios con nombre y apellido. Esa actitud desde la cima del poder genera un terreno fértil para que cualquier fanático que quiera perjudicar o beneficiar a Kirchner amenace a los destinatarios de la ira presidencial por cualquier vía o intente pasar a mayores. Estas diatribas personalizadas se proclaman con lenguaje inflamado ante un auditorio adicto que no tiene más remedio que aplaudir con verticalismo, subordinación y valor. Si encima las palabras del jefe del Estado son mentiras o vienen “flojas de papeles”, como en el reciente caso de Joaquín Morales Solá, el daño resulta mayor todavía. No es un dato menor que Morales Solá recibió amenazas al día siguiente de que el Presidente leyera en Casa de Gobierno una nota elogiosa hacia Videla que atribuyó falsamente al periodista. El Presidente debería reflexionar sobre la brutal desproporción que existe entre las palabras de un jefe de Estado y las de un periodista, por más prestigioso que éste sea. Y sobre el posible efecto de incitación a la violencia que en algunos talibanes del piqueterismo oficial puede generar. Si el Presidente fustiga a una empresa petrolera y casi en forma simultánea los piqueteros rodean las estaciones de servicio mediante una acción directa ¿quién puede asegurar que, en el caso de un periodista o un diario, no ocurra lo mismo? 2) El poder de la billetera arbitraria. Desde Santa Cruz se viene practicando con mucho éxito el mecanismo antirrepublicano de premiar a los periodistas y/o medios amigos y/o dóciles, y castigar a los que no se dejan domesticar y que, por lo tanto, son considerados enemigos. En los extremos caricaturescos están, por un lado, la revista Noticias, que no recibe un solo peso en publicidad oficial, y por el otro, el afortunado empresario (y ex chofer de Kirchner) Rudy Ulloa Igor, cuyo grupo de medios de Santa Cruz, según se desprende de la minuciosa investigación realizada por la periodista María O’Donnell, pasó de facturar al Estado 29.500 pesos en el año 2003 a 500.000 pesos en 2005, cifra que –de mantener la tendencia– duplicaría en el corriente año. Entre Noticias y el diario y el canal televisivo de Rudy Ulloa hay una impresionante variedad de matices que se miden en cantidad de spots o de centimetraje, y en la increíble disparidad para cotizarlos según se le venga en gana a los responsables de esa distribución asimética y carente de toda lógica profesional. Estos instrumentos también son usados y abusados por gobernadores e intendentes, en provincias y localidades donde los avisos del Estado suelen ser de vida o muerte para pequeños medios. 3) Privados de publicidad. El chiste habla de barrios privados. Sí, privados de luz, privados de gas, etc. La realidad habla de un límite que ningún otro gobierno se había atrevido a cruzar. En esto, a nivel nacional, Kirchner debe ser un pionero. Se trata de la presión gubernamental que se ejerce sobre algunos anunciantes privados para que no auspicien a tal o cual periodista o programa o medio. Se puede asegurar que por lo menos dos importantes empresas (una petrolera y otra telefónica) sufrieron ese mecanismo desmesurado aunque sólo una de ellas cedió. 4) Licencia para informar. La prórroga de las licencias para radio y televisión y el otorgamiento de algunos permisos nuevos (y otras que están en marcha) sin la conveniente transparencia y tiempo para el debate social y parlamentario. Estamos hablando de favores o disfavores que se traducen en montos multimillonarios y en un achicamiento importante de los espacios que tienen esos medios para manejarse con autonomía frente a humores del poder político. 5) A los enemigos, ni noticias. La información es un bien público y colectivo. No puede ser utilizada como botín de guerra entre los medios obsecuentes y los consecuentes. No resiste el menor análisis que, desde la Presidencia, se determine qué periodista debe ingresar o no a la Casa de Gobierno y su sala de prensa, o al avión presidencial. 6) De conferencia de prensa, ni hablar. En casi todo el planeta las máximas autoridades deben someterse a las preguntas sorpresivas de los periodistas de todos los medios. Y, sobre todo, a las repreguntas. Es una de las formas más transparentes y directas que tienen los ciudadanos para conocer más a fondo a sus gobernantes. Hasta ahora, Kirchner se negó siempre a ese ámbito de las conferencias de prensa y –más grave todavía– evitó que presidentes de otros países la dieran en su presencia para no quedar tan en evidencia. 7) Amigos son los amigos. Esa palabra presidencial negada (que también debería ser patrimonio de todos los argentinos) se expresa muy de vez en cuando y ante reportajes que, por lo general (no en todos los casos), son realizados por periodistas o medios que por convicción ideológica, conveniencia económica o una mixtura de ambas, están predispuestos a potenciar los logros del Gobierno y a minimizar sus asignaturas pendientes. Hay ejemplos notables de autodenominados periodistas que arrojan alfombras rojas para que el Presidente se luzca arrojando gacetillas verbales. 8) Atendido por sus propios dueños. Llamar a un periodista para rectificar una información o para criticar su punto de vista es razonable si no se convierte en una metodología asfixiante. Pero comunicarse con los dueños de los medios para que castiguen a los audaces cronistas que se atrevieron a opinar diferente es un sablazo autoritario casi sin antecedentes en democracia. Un diario de información económica de Buenos Aires enfrentó asambleas de sus trabajadores que se quejan –incluso– ante el Ministerio de Trabajo porque una periodista fue sancionada por haber escrito que Douglas Tomkins se iría del país por falta de seguridad jurídica. Eso disparó los temibles telefonazos de Estado. La otra modalidad, que también necesita la complicidad de los dueños de los medios, es que, en un abrir y cerrar de ojos, aparecen en los primeros lugares de algunas pantallas periodistas sin ninguna trayectoria nacional, nacidos en Santa Cruz o en Córdoba –por poner sólo dos ejemplos– que tienen como padrinos a poderosos ministros y/o novios. 9) El Estado es mío, mío. Como la Ferrari para Menem, los actuales gobernantes consideran que los medios del Estado son del Gobierno o directamente del Frente para la Victoria, y dejan afuera a periodistas independientes como Pepe Eliaschev y Victor Hugo Morales, y no permiten que se escuche una sola voz (una, aunque sea) que exprese un pensamiento distinto y pluralista frente a tanto discurso único. 10) La fuente de los servicios. Otra inquietante novedad, que todavía está en ciernes: la utilización de la SIDE como productora de contenidos periodísticos para perjudicar a opositores. Este mecanismo, también llamado “operaciones de prensa”, ya se puso en marcha en por lo menos tres ocasiones muy burdas. La que más repercusión consiguió fue la revelación de que el diputado lavagnista Juan José Alvarez había trabajado en la tenebrosa SIDE durante la dictadura, recomendado por el general Albano Harguideguy. Información que –como era cierta– cualquier periodista debía publicar. Sólo que con algunos reparos profesionales: citar la fuente de información. No hace falta decir el nombre de la persona. Se puede decir, por ejemplo, qué organismo del Gobierno facilitó la carpeta. Buscar la otra campana en las palabras del protagonista de la novedad y –sobre todo– no parcializar la información ocultando las buenas relaciones de Alvarez con Kirchner, que junto a Alberto Fernández intercedió para que fuera a apagar el incendio de Cromagnon durante el gobierno de Ibarra. Es más, ese integrante de la SIDE dictatorial fue un candidato a ser vicepresidente del propio Kirchner. Durante los años 90, los periodistas de investigación aprovechaban las internas y las brechas del menemismo para develar informaciones que el poder quería ocultar. Ahora es al revés: el poder canaliza información a través de algunos medios, que iluminan delitos o trampas o picardías de opositores. Es legal pero antiético. Es comunicación, pero no es periodismo. Lamentablemente, la lista de situaciones que erosionan la libertad de prensa podría continuar. Con el modelo de hiperconcentración de muchos medios en pocas manos. O con el bloqueo que están sufriendo la ley de acceso a la información o la mismísima ley de radiodifusión de la dictadura que todavía nos rige. También con el desprecio y maltrato que existe desde el Gobierno hacia las entidades que representan a las empresas o a los periodistas. Hablo de ADEPA, SIP, Fopea y tantas otras, que sólo han recibido ofensas o negativas ante los pedidos de entrevistarse con el Presidente para dialogar civilizada y democráticamente sobre los temas en común. El Talmud dice que la fe (y el periodismo, agrego yo) debe servir para acomodar a los incómodos y para incomodar a los cómodos. Debe ser fiscal del poder y abogado del hombre común. Debe respetar más la verdad que la ideología. Para el matrimonio presidencial, en cambio, la noticia es una trinchera desde donde disparan opositores de todo tipo y por eso pretenden achicar, contener, limitar y perseguir hasta asfixiar a los periodistas que se niegan a la obsecuencia. A veces desatan verdaderas cacerías de opiniones distintas aunque sea por minucias. Y eso que ningún gobierno desde 1983 tuvo tanto poder político y tanto apoyo mediático. Eso quiere decir una sola cosa: estamos en problemas.
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LIBERTAD DE PRENSA BAJO LA LUPA ♦ K AMENAZA A LA PRENSA ♦


http://www.segundoenfoque.com.ar/gob_prensa.htm

Libertad de prensa e hipocresía

Por Segundo Enfoque ♦

En nuestro país, han proliferado quejas por una supuesta falta de libertad de prensa desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner. Aunque algunas voces de alerta deben ser atendidas, el reclamo por un mejor ejercicio de la libre expresión hecho por las empresas periodísticas más grandes del país esconde -las más de las veces- presión por beneficios empresariales.Todo empezó en octubre del año pasado. La líder de Afirmación por una República de Iguales (ARI), Elisa Carrió, que con su fuerza de centro izquierda terminó tercera en la última contienda electoral, acusó al kirchnerismo de cometer “pequeños avances” contra el periodismo y advirtió que eso podría convertirse en violaciones más claras a la libertad de prensa. Carrió se refería específicamente a comunicaciones telefónicas de altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a celulares de periodistas de distintos medios, para hacerles observaciones sobre lo que habían escrito o dicho en sus medios.Luego, en marzo pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –que engloba grandes empresas periodísticas de todo el continente- se hizo eco en su Reunión de Medio Año, en Los Cabos, México. “Se registra un grave atentado a la libertad de prensa cuando desde la Presidencia de la República algunos funcionarios presionan a través de llamadas telefónicas a medios de comunicación y periodistas que critican al gobierno”, sostiene el único párrafo referido al tema en todo el informe sobre Argentina.A su vez, en abril de este año se produjo un entredicho entre dos ministros del Gabinete Nacional y la entidad que nuclea a la corporación periodística del país, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). El 14 de ese mes, ADEPA emitió un comunicado manifestando “preocupación por reacciones ministeriales”. Aludió a las “desafortunadas declaraciones” del ministro del Interior, Aníbal Fernández, (había cuestionado al diario La Nación por una entrevista al ex presidente Carlos Menem) y a la “inaceptable actitud” del jefe del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, (había criticado la tarea informativa de Marcelo Bonelli en el diario Clarín). Lavagna respondió tras el comunicado: “La prensa no es una vaca sagrada; tiene las mismas lacras y virtudes que otros sectores”.Oficialmente, el titular del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Julio Bárbaro, respondió a través de este medio, en su edición de abril de 2004, que las denuncias sobre presuntos “aprietes” a periodistas eran una “imbecilidad folklórica”. “Cada vez que yo me senté con uno de los acusadores y le pedí un dato, el dato nunca existió”, bramó Bárbaro con su habitual elocuencia.En primer lugar, queda claro que el Gobierno no debe llamar a ningún periodista de ningún medio para observarle nada sobre lo que haya dicho. Sí, es cierto que un llamado o un mensaje, aún en tono cordial, entre risas, que cuestione el contenido de un párrafo de un artículo escrito por un periodista puede no representar un hecho grave de cercenamiento de libertades. Pero según la experiencia del trabajador de prensa o de acuerdo con su carácter, esto puede llegar a influir en sus futuros reportes, inclusive generando actitudes de autocensura. Así y todo, nadie puede afirmar honestamente que este sea “un grave atentado a la libertad de prensa”. Más bien, son torpezas típicas de funcionarios que rozan la figura del “piojo resucitado”.Pero atención. Esto no significa que Argentina sea la panacea de la libre expresión. Todo lo contrario. Y sí, es el gobierno el gran cómplice y promotor de ello, mas no por un llamado telefónico. No hay ni habrá libertad de expresión en la medida en que los medios de comunicación estén hiper-concentrados y el gobierno lo tolere, apañe y profundice a cambio de la obsecuencia editorial generalizada, que también retribuye con grandes fardos de publicidad oficial.De esta forma, son hipócritas las empresas periodísticas cuando se quejan, por ejemplo, a través de la SIP. En el mismo informe que tiene tres líneas de cuestionamientos al supuesto “maltrato” de periodistas en Argentina, se hace una descripción de cuánto han caído las ventas de ejemplares de diarios, hay un lamento por el retiro de beneficios impositivos para el sector, conocidos como “planes de competitividad”, así como también se hace explícito el pedido de que el aporte patronal vuelva a ser tomado como crédito fiscal del IVA. Y además, se pide ayuda para afrontar las grandes deudas fiscales de los medios.Por último, también son hipócritas los funcionarios del Gobierno, que critican, se quejan y despotrican contra periodistas rasos por algún titular que no les cae en gracia, cuando en realidad su propia administración tiene acuerdos evidentes con los principales medios de la Argentina, y se beneficia de ello, con el ocultamiento de los temas que la incomodan y con la instalación de la agenda en la opinión pública según sus intereses.

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http://www.lacapital.com.ar/2003/10/18/politica/noticia_45618.shtml

♦ El gobierno negó "aprietes" a periodistas El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió ayer al cruce de denuncias lanzadas por algunos sectores de la prensa y del ámbito político sobre supuestas "presiones" del poder, y aseguró que desde el gobierno no están "apretando a periodistas para que digan lo que se desea".Fernández replicó duramente una información aparecida en la última edición de la revista Noticias que habla de un supuesto apriete a la prensa por parte del kirchnerismo, donde afirman que el gobierno no sólo no "tolera disidencias" sino que "ofrece viajes en el Tango 01 y usa la información y la publicidad oficial para premiar a los chupamedias y castigar a los críticos"."Jamás soportaría una discriminación de ese tipo", advirtió el funcionario al recordar que la Secretaría de Medios funciona bajo su órbita.El jefe de Gabinete admitió que el presidente Néstor Kirchner "se molesta cuando escriben cosas que lo agravian", pero aseguró que ese malestar es "desde su condición de hombre honesto, no desde su condición de poderoso"."La realidad es que nosotros no levantamos el teléfono para decirle a la gente que deje de decir lo que quiera decir", resaltó, para agregar: "No hay dos Kirchner, Kirchner es lo que es".Sobre la publicación de Noticias, enfatizó: "Yo realmente estoy asombrado, francamente asombrado. Esa misma revista hace una semana publicó una de las notas más vergonzosas que yo leí en el periodismo argentino".De esta manera, aludió a un artículo que, bajo el título "El cajero", apuntó contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Asimismo, Fernández insistió en rechazar denuncias similares lanzadas por el periodista Jorge Lanata y la diputada del ARI Elisa Carrió, quien días atrás aseguró que el gobierno "presiona a periodistas" con el fin de "callarlos" cuando no quiere que se difunda una información."Lilita creo que se equivoca", subrayó el funcionario, días después de que la titular del ARI puntualizara que en los "últimos tiempos", cuando el oficialismo desea que no salga una determinada información, los medios son "objeto de una llamada telefónica".También sostuvo que el periodista Lanata "se equivocó dos veces: se equivocó en muchas cosas que dijo respecto de (el titular del Pami) Juan González Gaviola y se equivocó cuando nos adjudicó a nosotros presiones"."Jorge Lanata es un hombre que yo respeto particularmente", señaló el funcionario, pero reflexionó que "a veces los hombres prestigiosos también se equivocan". ♦

Fin de la justicia independiente ♦ Intromisión K en la justicia ♦ Los jueces hartos se van ♦

K Y LOS MIEDOS EN LA JUSTICIA ♦

El estado de la Justicia: hay 145 tribunales nacionales vacantes ♦

Renunciaron 142 jueces desde que asumió Kirchner

Es el número más alto desde que volvió la democracia; los magistrados alegan "hartazgo"



Las renuncias de jueces nacionales son récord en lo que va del gobierno de Néstor Kirchner: 142 magistrados dejaron sus cargos en los últimos tres años. Hartazgo, presiones y temor al juicio político son las causas, según el diagnóstico de las principales agrupaciones de jueces. En el Ministerio de Justicia, en tanto, dicen que muchos magistrados se fueron para jubilarse (no hay datos oficiales de las causas) y se niegan a arriesgar otra explicación para este fenómeno. Se trata del índice de deserción más alto desde el advenimiento de la democracia. A lo largo del año y medio de gobierno de Eduardo Duhalde renunciaron 16 jueces; durante los dos años de Fernando de la Rúa, 48; en las presidencias de Carlos Menem, 46 y 102, respectivamente, y en los casi seis años de gestión de Raúl Alfonsín, 110. Y la tendencia se profundiza. En lo que va de este año ya se fueron 39 magistrados. Sólo habían renunciado tantos jueces juntos durante los doce meses de 2004, de 2005 y de 1984, cuando el fin de la dictadura produjo una renovación en el Poder Judicial. Mientras tanto, hay cada vez más juzgados vacantes y la Federación Argentina de la Magistratura advierte que ocurre algo nunca visto: en los tribunales del interior ya hay distritos en los que la justicia local tiene problemas para cubrir cargos por falta de candidatos. Los datos surgen de un relevamiento realizado por LA NACION sobre todos los decretos de aceptación de renuncias de funcionarios nacionales publicados desde 1983 hasta hoy en el Boletín Oficial. Hay un dato para tener en cuenta: la Justicia creció. Sobre todo en los años posteriores a 1992, cuando se instrumentó la oralidad para los juicios penales. En 1991 (el primer año del que tiene registro la Oficina de Estadísticas de la Corte), había 558 jueces nacionales y, en 1995, 821. Pero en la última década el número de jueces fue casi idéntico: en 1996 eran 858 y en 2004 (último dato disponible), 874. Hoy, 145 tribunales están acéfalos, de acuerdo con la información publicada por el Consejo de la Magistratura. Esto produce demoras en el trámite de las causas y obliga a la Justicia a recurrir a los subrogantes, jueces suplentes de dudosa constitucionalidad. Consultados por LA NACION, varios jueces coincidieron en que su trabajo se volvió ingrato, que la gente les exige respuestas que no siempre se condicen con lo que les ordena la ley y que el Gobierno, lejos de cumplir con el mandato constitucional de afianzar la Justicia, cuestiona sus decisiones. A eso se suma el miedo de ser acusados por el Consejo de la Magistratura, que desde 1997 los investiga y los somete a juicio en caso de mal desempeño. En los últimos seis años, al menos 20 jueces renunciaron mientras avanzaba una investigación en contra de ellos. Reciclado de "gerontes" La diputada kirchnerista Diana Conti, miembro del Consejo de la Magistratura, sostuvo que la renovación obedece a dos causas: a que hay jueces que prefieren renunciar porque saben que podrían ser "ajusticiados" en el Consejo por sus actos y a que el país transita un cambio cultural. "Esta no es una etapa política de reciclado porque sí de los gerontes. Es un reciclado para las nuevas generaciones. Cumplieron un ciclo y deben ceder el liderazgo", explicó Conti. Y advirtió: "El sistema político cambió. Ahora responde al pueblo argentino y quiere ser representativo del sentir nacional y popular. Se van los jueces que creían que el sistema político respondía a unos pocos". María Cristina Camiña, jueza de un tribunal penal y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, no coincide. "Sentimos que estamos en la cuerda floja. Con los juzgados atiborrados, aun el mejor juez corre el riesgo de cometer un error que termine en su destitución", afirmó. Y enojada, dijo: "Estamos expuestos a la crítica más severa, sin reconocimiento social, y el Gobierno no ayuda para nada. Cuando un juez dicta una sentencia, se pliega al clamor popular, como cuando liberaron a Chabán". En el Ministerio de Justicia no quisieron hacer ningún análisis. "Los fundamentos que plantean los jueces en sus renuncias son razones personales o jubilación. Lo demás son consideraciones subjetivas", dijo una fuente cercana al ministro Alberto Iribarne. Miguel Angel Caminos, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, cree, en cambio, que hay un innegable descontento en el Poder Judicial. "Las exigencias sociales son cada vez mayores y la capacidad de respuesta está mermada por la falta de infraestructura, medios, recursos humanos. Esto produce cansancio y desaliento", sostuvo Caminos, que negó que los jueces renunciaran por presiones políticas. "Más allá de expresiones públicas desafortunadas que pueden caer mal en el Poder Judicial, no recibimos denuncias de presiones concretas." Para Abel Fleming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), existe presión política "por omisión". "No cubrir las vacantes o no darle fondos a la Justicia, como pasa con los gobiernos de muchas provincias, es una forma de paralizar los poderes judiciales", denunció. Según Fleming, los jueces están en un "fuego cruzado" entre demandas populares ("de los que no entienden que los jueces no están para buscar consenso") y un Estado ausente para apoyar sus decisiones. "Enfrentamos una soledad institucional que produce mucho desgaste", declaró. En tanto, la sociedad no confía en los jueces. Según un estudio del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y la Universidad Di Tella, sólo el 1% de la gente percibe a la Justicia como "muy confiable". Fleming cree que la Justicia tocó fondo y que ahora se van a empezar a ver signos de la recuperación. Pero advierte que el desprestigio es fuerte en el interior y que hay problemas para cubrir las vacantes por falta de candidatos: "Pasó en Salta, en algunos distritos como Orán y Tartagal, que no llegaron a juntar siquiera tres candidatos para hacer una terna. Esto era impensado en otros tiempos". Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION Acorralados
§ Acorralados por investigaciones que avanzaban contra ellos en el Consejo de la Magistratura, varios jueces renunciaron. Según la Comisión de Acusación del Consejo, fueron 16 casos, pero los archivos dan cuenta de algunos más. En general, el Presidente acepta esas renuncias, pero el Consejo a veces le recomienda rechazarlas, como en el caso de Juan José Galeano, finalmente destituido. En rigor, el juicio político tiene por único fin la remoción. Entonces, no tiene sentido no aceptar la renuncia ("es un dispendio jurisdiccional", dijo a LA NACION Ricardo Gil Lavedra), pero los consejeros creen que permite revelar la verdad.

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FIN DE LA MAYORIA AUTOMATICA ♦ SACAN A JUECES A LA FUERZA QUE NO APOYAN LA CONFISCACIÓN ♦ LA REPUBLIKETA ♦

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No sólo roban sino que echan a todo juez que declare ilegal el robo ♦

Fecha 26/10/2003 12:43:12 Tema: Carta de Lectores ♦

No contábamos que esto es la Argentina, y gobernada por quienes no solo son capaces de expropiar a los 3 meses de haber sacado la ley de intangibilidad de los depósitos sino que también son capaces de cambiar la composición de la Corte para que ésta declare que el robo es constitucional. Veamos sino la evolución de este tema desde la pesificación. Cuando Duhalde y Remes Lenicov anunciaron la pesificación, esto es una licuación generalizada de deudas a ser financiada con la expropiación de los que habían mantenido sus ahorros en el país, hubo 5 jueces de la Corte que se opusieron (Nazareno, Moliné O´Connor, López, Vazquez y Fayt), dos que se excusaron (Petrachi y Bossert) y dos que la apoyaron (Belluscio y el ex miembro de la mayoría automática menemista Boggiano, quien sin ningún rubor empezó a hacer mérito pasándose a la minoría automática duhaldista). Así salió el fallo Smith el 1 de febrero de 2002: 5 a 2.Este amplio resultado no debía llamar la atención. O tal vez si, pero sólo para preguntarnos porque no fue 9 a 0, dado que ese hubiera sido el resultado en cualquier otra instancia del Poder Judicial por debajo de la Corte Suprema siendo que, salvo parcialmente Guglielmino, todos los jueces de primera y segunda instancia declararon inconstitucional la pesificación de los depósitos.Igualmente, con 5 miembros de la Corte dispuestos a defender el derecho de propiedad de los ahorristas y sólo 2 dispuestos a expropiarlos, y considerando además que cualquier conjuez que designaran para reemplazar a los 2 excusados sumaría su voto al de la mayoría dada la opinión abrumadora en todo el Poder Judicial, la suerte parecía echada. Era sólo cuestión de esperar, pero no había dudas de cual sería el fallo definitivo.Claro que no contábamos que esto es la Argentina, y gobernada por quienes no solo son capaces de expropiar a los 3 meses de haber sacado la ley de intangibilidad de los depósitos sino que también son capaces de cambiar la composición de la Corte para que ésta declare que el robo es constitucional. Veamos sino la evolución de este tema desde la pesificación.Como represalia por el fallo Smith, Duhalde promovió al día siguiente un juicio político a toda la Corte. Los legisladores no llegaron a los 2/3 necesarios para echarlos pero consiguieron paralizar a la Corte por meses logrando que mientras tanto se consolidara la licuación, y además obtuvieron la renuncia por cansancio moral de Bossert y con ella una vacante para designar en su reemplazo a Maqueda, el presidente del Senado, quien desde el Congreso había liderado la política de Duhalde. Un lindo ejemplo de respeto a la división republicana de poderes.Cuando hacia fines del 2002 comenzó a trascender que habría un nuevo fallo de la Corte a favor de un ahorrista particular, se inició un nuevo juicio político, esta vez contra Fayt, a quien además le hicieron la vida imposible desde los medios de comunicación adictos, o sea, casi todos. Hasta tuvo que soportar un misterioso robo en su departamento. El viejo, con sus 84 años a cuestas, se ganó un lugar en la historia aguantándose la presión y firmando de acuerdo a derecho y a pesar de todo el fallo San Luis en marzo del 2003. Pero el resultado ya no fue 5 a 2, sino 5 a 3, porque Maqueda, sin ponerse colorado, no se abstuvo a pesar de haber sido partícipe protagónico de la ley de emergencia económica. Y no sólo votó en contra sino que junto con Boggiano y Belluscio declararon el fallo nulo de nulidad absoluta, preparando el terreno para dar el siguiente zarpazo. Mientras tanto Duhalde, al mejor estilo del PRI mexicano, nombró a su heredero y continuador. Luego que le fracasaran los experimentos de Reutemann y a De la Sota, el dedazo recayó sobre Kirchner. La primera acción del heredero ni bien asumió la primera magistratura fue reaccionar enérgicamente ante la noticia de que Nazareno había incluido el caso de un ahorrista particular en el siguiente acuerdo de ministros de la Corte. Parece que el país serio que Kirchner prometió en su discurso inaugural no contemplaba que los que habían sido estafados pudieran recuperaran lo suyo. Entonces, haciendo abuso de la Cadena Nacional, el titular del Poder Ejecutivo le ordenó al Poder Legislativo que decapite al Poder Judicial. Otro lindo ejemplo de respeto a la división republicana de poderes.Como los legisladores estaban deseosos por mostrar cuan obsecuentes eran, quizás para ocultar que la mayor parte de ellos habían apoyado con gran fervor las medidas de la década anterior que ahora eran estigmatizadas, al día siguiente ya se había iniciado el trámite del juicio. Nazareno no aguantó ni 2 días y presentó la renuncia, quizás para asegurarse su jubilación. La fácil victoria los envalentonó por lo que rápidamente fueron por Moliné, aunque éste no fue una presa tan fácil. Pero finalmente la semana pasada lograron los votos necesarios para suspenderlo y ya es un hecho que será destituido. Y hoy consiguieron la renuncia de López, otro que no aguantó la presión (incendio de su casa incluida).El 5 a 2 del fallo Smith o el 5 a 3 del de San Luis se ha convertido ahora en un 2 a 3, con pronóstico de que pronto será un 1 a 3 teniendo en cuenta que de los dos votos favorables que quedan uno es el de Vazquez, de quien ya anunciaron que le iniciarán juicio político y que se descuenta que será removido con los mismo argumentos y votos que Moliné. La única duda es si Vazquez se las hará un poco difícil como hizo Moliné o si renunciará rápidamente como hicieron Nazareno y López.La coalición gobernante habrá conseguido para entonces 5 vacantes. Para la de Bossert ya puso a Maqueda. Para la de Nazareno a Zaffaroni. Para las de Moliné, López y Vazquez veremos a quien. Pero por lo sucedido con Zaffaroni está claro que serán nombrados los que Kirchner diga, dado el nivel de obediencia que han mostrado los legisladores.El final está abierto, con pronóstico reservado. Lo único que permite mantener una pizca de optimismo es que cuesta creer que los nuevos miembros pueden encontrar argumentos jurídicos para decir que la ley de intangibilidad de los depósitos no existió, pero Boggiano, Maqueda y Belluscio ya mostraron en el fallo San Luis lo que son capaces de hacer. De Zaffaroni y de los otros tres que a Kirchner se le cante nombrar dependerá lo que suceda con nuestros ahorros y nuestras esperanzas.Ralf

Los actos terroristas también son crímenes de lesa humanidad

http://www.apropoba.com.ar/datos/diariosarchivo_archivos/mayo2006.htm

Nota de actualidad
Los actos terroristas también son crímenes de lesa humanidad

Los actos terroristas son crímenes de lesa humanidad
Por Alejandro Olmedo Zumarán
Bahía Blanca, 28 de mayo.- (La Nva. Provincia Opinión-Lectores) - El caso del legislador que ha sido impedido de asumir su banca ganada legalmente en elecciones libres ha puesto en la palestra la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Es mi intención tratar este tema dándole un alcance más amplio, en el sentido de que los autores de atentados terroristas también merecen ser juzgados no importando el transcurso del tiempo ni tampoco el hecho de que hayan sido indultados. Por supuesto que, para que esto suceda, la Comunidad Jurídica Internacional, las organizaciones de derechos humanos y las ONG tienen que ponerse de acuerdo para sancionar una convención que declare como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles a los atentados terroristas, permitiendo que sus responsables sean juzgados.
Es conocida la teoría de que el terrorismo de Estado es condenable e injustificable, porque utiliza su aparato represivo para cometer actos aberrantes. Fue éste el argumento central para que el diputado elegido por el pueblo no pueda asumir como tal, ya que era acusado de haber cometido este tipo de crímenes. Dejando de lado el hecho trascendental de que el acusado no tenía condena, estimamos que su impugnación no correspondía, pero, al mismo tiempo, no hay duda de que quien ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad no debiera asumir cargos públicos en representación del pueblo de la Nación.
En 1968, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que, en el derecho argentino, se incorporó mediante la ley 24.584. En ella se destaca que este principio constituye una norma de derecho internacional consuetudinario, o sea de ius cogens y que, aunque no haya sido escrita, la misma existido desde los principios de la humanidad. Con este argumento, por ejemplo, se refuta la postura contraria que determina el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal y que estos tratados internacionales de derechos humanos han sido sancionados con posterioridad a los delitos que se cometieron en la Argentina en los años 70.
Pero nuestro objetivo es lograr que los lectores comprendan que, siguiendo este criterio, los crímenes y atentados cometidos por organizaciones terroristas constituyen también crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, debiendo ser juzgados sus autores aunque se hayan perpetrado hace cien años.
Afirmamos que el crimen de lesa humanidad requiere por necesidad que el acto imputado --llámese exterminio, esclavitud, privación ilegítima de la libertad, encarcelación, tortura, desaparición forzada y otros actos inhumanos-- debe haberse cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. El art. 7 del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, al definir los crímenes de lesa humanidad, dice que pueden ser cometidos "por un Estado o una organización".
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 51/210, del 16 de enero de 1996, tipifica como crímenes de lesa humanidad "los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas", destacando que tales actos "son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos".
El Dr. y jurista Gustavo Bossert, quien fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un artículo titulado "El terrorismo y los crímenes del Estado", publicado en "La Nación" el 31 de agosto de 2005, sostuvo:"...choca con el sentido de justicia que los crímenes del terrorismo puedan ser amnistiados, de algún modo perdonados o declarados prescriptos"... "Creo, entonces, que el paso inmediato que debe dar la comunidad jurídica internacional es definir, por fin, el concepto de terrorismo y extenderle clara y contundentemente la calificación de crimen de lesa humanidad...".
No cabe la menor duda ni resiste el menor análisis que los atentados como los ejecutados en el World Trade Center de Nueva York, donde murieron miles de personas, la estación de Atocha, en Madrid, donde murieron dos centenares, o en la subsecretaría de Planeamiento del ministerio de Defensa, el 15 de diciembre de 1976, en Buenos Aires, donde murieron 14 seres humanos y hubo 20 heridos, configuran crímenes contra la humanidad. Han sido actos inhumanos, que forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, como ocurrió aquí en los años 70, y sus responsables son organizaciones militares ilegales.
¿Contra quién, sino contra la humanidad, fueron cometidos estos actos terroristas aberrantes?
El derecho internacional humanitario ha decidido proteger el bien supremo de la vida humana mediante una variada cantidad de tratados internacionales y logró que éstos sean aprobados por la mayoría de los estados, pero ha olvidado hasta ahora uno muy importante: el tratado que sanciona a los atentados terroristas como crímenes de lesa humanidad.
Su nombre podría ser "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Atentados Cometidos por las Organizaciones Terroristas". Creemos que los atentados terroristas deben ser encuadrados en esta convención y sus responsables juzgados, no importando el transcurso del tiempo, ya que, al ser un derecho preexistente, se le debe aplicar el ius cogens.

ATAQUE A JUECES ♦ FIN DE LA MAYORIA AUTOMATICA ♦

http://www.terra.com.ar/canales/informaciongeneral/42/42130.html

Balearon al yerno de Julio NazarenoEl familiar del presidente de la Corte Suprema fue herido gravemente por supuestos delincuentes. Le pegaron un tiro en la cabeza, está internado en terapia intensiva. Investigan si fue una agresión, hasta el momento no hay detenidos. Ocurrió en el partido de Esteban Echeverría.
Ricardo Pablo Rodríguez, yerno del presidente de la Corte Suprema de Justicia Julio Nazareno, fue baleado por supuestos delincuentes que lo interceptaron en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Le pegaron un tiro en la cabeza sin mediar palabra. Pero también se investiga si fue una agresión.
El hombre se trasladaba a bordo de una camioneta Gran Cherokee cuando fue interceptado por tres personas, uno de los cuales le disparó un tiro y lo hirió en la cabeza. El proyectil ingresó por la región occipital y quedó alojado en el maxilar inferior, según los primeros análisis que le realizaron en el Hospital Zonal Santamarina.
Rodríguez se encuentra fuera en terapia intensiva. Hasta el momento no hay ningún detenido por el hecho. La policía en un principio indicó que fue un intento de robo, sin embargo un móvil de radio Continental informó que la policía e investigadores manejan otras hipótesis.
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http://www.clarin.com/diario/2004/08/25/um/m-819837.htm

11:10 EPISODIO CONFUSODenuncian que balearon el auto del juez VázquezEl ministro de la Corte resultó ileso en el hecho, que ocurrió en la localidad bonaerense de Del Viso. Habría declarado que las balas salieron desde otro vehículo.
El automóvil en el que se desplazaba esta mañana el juez Adolfo Vázquez fue tiroteado en la localidad bonaerense de Del Viso y el ministro de la Corte resultó ileso.Vázquez se desplazaba en el vehículo oficial acompañado por su custodia desde Del Viso hacia el cementerio privado de Pilar, pues hoy se cumple un aniversario de la muerte de su esposa. En circunstancias aún confusas, el auto fue tiroteado y quedó con dos impactos de bala, uno en la puerta trasera izquierda y otro en el baúl. Fue cuando transitaba por la Ruta Panamericana en dirección a Pilar.Fuentes judiciales y policiales dijeron a la agencia DyN que Vázquez, quien se desplazaba acompañado por su chofer y su custodia, declaró que sintió un ruido en la carrocería del vehículo y al detener la marcha y descender para determinar qué había ocurrido, detectó los impactos.Vázquez habría dicho, incluso, que cuando sintió el impacto alcanzó a ver a un hombre que supuestamente guardaba un arma de fuego que habría tenido un silenciador entre sus ropas. Esta sería una explicación posible para la rareza de que no hubiera hasta el momento testigos que escucharan los disparos, presuntamente ocurridos en plena ruta.El juez, que afronta un proceso que seguramente lo terminará dejando afuera de la Corte, había sido noticia ayer por sus declaraciones contra el Gobierno y contra su colega Enrique Petracchi, presidente del Tribunal.Vázquez es el último “sobreviviente” en la Corte de la llamada “mayoría automática” durante el menemismo, cuando se aprobó buena parte de las normas impulsadas por el oficialismo en aquel entonces.


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http://www.laprensa.com.ar/secciones/nota.asp?ed=1454&tp=12&no=47165

DECLARACIONES"Los poderes del Estado actúan subordinados a los mandatos y presiones del presidente de la Nación y su círculo de aduladores, con un Congreso disciplinado y temeroso, y una Corte moldeada a medida de sus lineamientos políticos radicalizados", opinó el ministro el martes último. La semana pasada, los senadores nacionales se constituyeron en tribunal en el proceso iniciado contra Vázquez por mal desempeño de sus funciones, en tanto el 1 de septiembre la comisión acusadora de la cámara baja expondrá ante el Senado los motivos por los cuales acusó y pidió la suspensión preventiva y la destitución del ministro.

K SIGUEN LAS LEYES A MEDIDA ♦

Viernes 16 de febrero de 2007


Aguas y Aeropuertos: leyes a medida


Recién comenzadas las sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional aprobó, con inusual urgencia, el nuevo acuerdo entre el Estado y la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) por el cual se extendió el contrato de concesión de los aeropuertos hasta 2028. De esta manera, los legisladores evitaron que el convenio de renegociación fuese aprobado por "sanción ficta", como establece el reglamento para estas negociaciones con empresas privatizadas. La diferencia no es menor: hay quienes temen que en el futuro esas decisiones no votadas puedan ser cuestionadas por inconstitucionales. El acuerdo fijó en 1200 millones de pesos el monto de la deuda de AA2000 con el Estado por canon impago y en 350 millones la deuda de éste con la compañía. El neto de 850 millones de pesos será saldado con acciones, hasta el 20 por ciento del capital social, lo cual permitirá el ingreso del Estado nacional en la empresa concesionaria. La compañía colocará en el mercado otro 20 por ciento de sus acciones, que podrá ser adquirido por inversores privados o por el propio Estado. Además, el convenio determina que el monto del canon anual surgirá de calcular un porcentaje fijo de los ingresos de la operadora de los aeropuertos, es decir estará ligado a la suerte del negocio. El convenio aprobado deja algunos interrogantes sin responder. Por ejemplo, cabe preguntarse por qué el Estado rescindió los contratos con Aguas Argentinas y con el Correo Argentino debido a incumplimientos reiterados e injustificados, y ahora resuelve cambiar ese criterio respecto de AA2000, que se encuentra en la misma situación de incumplimiento. También debería aclararse por qué el Estado nacional elige asociarse con esa empresa, condonando una deuda varias veces millonaria, cuando puede rescindir el contrato de concesión y llamar a una nueva licitación. El oficialismo también logró, en la Cámara de Diputados, sancionar el marco regulatorio para la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) que, tras la rescisión del contrato con la firma francesa Suez, reemplazó a Aguas Argentinas en la concesión del servicio de aguas y cloacas en la Capital Federal y 17 municipios del conurbano bonaerense. Con esa ley, el Congreso cumplió con una deuda pendiente desde marzo último, cuando se aprobó la creación de AySA; desde entonces, la firma estatal ha operado sin plan de obras ni presupuesto, y sin un ente regulador de control. Es decir, todo lo contrario de lo que indican las normas más elementales sobre gestión y administración. La norma fue aprobada por 133 votos en favor y 75 en contra. La oposición cuestionó el grado de concentración del manejo de la empresa en manos del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, así como la exclusión de los usuarios en las audiencias públicas y la facultad de la nueva compañía para crear cargos específicos extras para financiar obras, si así lo decidiese. La ley, además, prevé la creación de un nuevo ente regulador para el agua y la creación de otro organismo que administrará obras de ampliación de redes y que dependerá también del ministro De Vido. Es decir, tres sombreros para una sola cabeza: la del ministro de Planificación Federal, que gestiona, se audita a sí mismo y planifica el futuro, casi sin injerencia de la sociedad civil ni de organismos de control. Este punto fue la diferencia más importante entre los diputados oficialistas y sus aliados, y los de la oposición, a la hora de aprobar el nuevo marco regulatorio. Por otro lado, las Naciones Unidas (ONU) enviaron al gobierno nacional una carta en la que expresaban su preocupación por buena parte de los contenidos del proyecto de marco regulatorio de AySA. El núcleo de la nota versa sobre desprotecciones de derechos humanos y sociales. El organismo multilateral destacó la inclusión de la "tarifa social" en el proyecto, pero puso el foco sobre ciertas imprecisiones y falta de directivas concretas que podrían transformar el derecho en mera declamación. Según el organismo, minimizar las auditorías sociales y la intervención ciudadana vulnera su Observación General 15, que garantiza "el derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio de su derecho al agua". Preguntas sin respuesta, dudosas compensaciones entre partes, costos elevados, recomendaciones dejadas de lado, concentración desmedida en la toma de decisiones, falta de representación ciudadana y ausencia de controles fueron, entre otros, algunos de los cuestionamientos que no fueron contemplados cuando el Congreso aprobó el marco regulatorio de AySA y el contrato de concesión de los aeropuertos. Y todo esto no sólo en detrimento de los servicios que ofrecen, sino también de los usuarios que los utilizan.
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